La Corte Suprema de Justicia dejó ayer firme el fallo a favor del reclamo de las provincias por el recorte de fondos en sus ingresos por las rebajas impositivas decretadas por el gobierno nacional para aliviar el bolsillo de los argentinos frente a la fuerte devaluación del peso después de las PASO.
Es que IVA y Ganancias son dos impuestos coparticipables.
En otro fallo que golpea a la gestión de Mauricio Macri, el máximo tribunal de Justicia desestimó el pedido de aclaratoria que interpuso el Gobierno para cumplir con la acordada anterior a favor del reclamo de 15 provincias que habían sostenido que los decretos "eran inconstitucionales".
Además de rechazar el pedido de aclaratoria, la Corte se negó a celebrar la audiencia pública con las provincias que había pedido la Nación.
Con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el tribunal sostuvo que el Gobierno no había explicado cuál era la "complejidad técnica" que le impedía cumplir con las medidas cautelares dictadas por ese alto tribunal. Tampoco, de qué se trataban las supuestas "dificultades" que había alegado.
En agosto pasado, en medio de la agudización de la recesión económica, el Gobierno de Macri dictó rebajas temporales en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre ciertos alimentos básicos y sobre el impuesto a las Ganancias que pesa sobre buena parte de los salarios.
Pero quince provincias, la mayoría peronistas: Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, presentaron medidas cautelares ante la Corte por entender que la medida del Ejecutivo nacional perjudica sus ingresos.
El impacto de la medida para San Juan era de $1.250 millones durante cuatro meses.
En este sentido, hace dos semanas, el Supremo dictaminó que los efectos fiscales de la aplicación de las rebajas impositivas fueran asumidos con recursos propios del Estado nacional sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias demandantes. Ante ese fallo, el Gobierno hizo una presentación ante la Corte requiriendo explicaciones sobre la resolución judicial. Al rechazar ese pedido, la Corte sostuvo que el Ejecutivo debió haber cuantificado los costos de las reducciones impositivas que dispuso y debió haber tenido en cuenta sus efectos al momento de establecerlas por decreto. La semana pasada, el ministro de Justicia, Germán Garavano, había afirmado que la Corte Suprema es "tan independiente que parece opositora". Además, se quejó que dictaminara causas de alto contenido político en plena campaña electoral.