La jueza en lo Contencioso Administrativo federal María José Sarmiento le ordenó al Ministerio de Economía que informe “el índice de pobreza e indigencia que surgen de la metodología implementada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) desde el año 2013 al corriente año‘.
También pidió que, en el plazo de cinco días hábiles, difunda ‘los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el IPCNU desde febrero”. Lo hizo a pedido de la diputada opositora Victoria Donda, en el marco de una acción de amparo en la que la jueza rechazó no obstante, obligar al Gobierno mediante una “medida cautelar”.
La jueza recordó que está constitucionalmente regulado “el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo”. “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes se desempeñan”, añadió.
El último dato oficial sobre la tasa de pobreza e indigencia publicado por el Indec corresponde al primer semestre del año 2013 e indicaba que en la Argentina 4,7% de la población era pobre y 1,4 por ciento indigente. Los resultados del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) correspondientes al año pasado revelaron que 28,7% de la población del país está en situación de pobreza, 1,3% por encima de la medición del año anterior.
Fuente: DyN