Durante la jornada de este lunes el Congreso volverá a ser protagonista de la discusión del proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno, luego de la fallida sesión que tuvo lugar el pasado jueves, en un marco de violencia en las calles pero también dentro del recinto de sesiones. Desde lo político, uno de los cambios para evitar que se repitan los desmanes fue correr al Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, del operativo: quedó en manos de Martín Ocampo, responsable del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.
Otro de los cambios tiene que ver con la Justicia. A instancias de un recurso de amparo presentado por el legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, la jueza Patricia López Vergara dispuso una serie de medidas para garantizar la seguridad de los manifestantes.
Una de ellas es que el Gobierno de la Ciudad deberá informar al juzgado cuáles son las fuerzas de seguridad que tendrán intervención en la movilización de hoy. Además, todos los efectivos destinados al operativo deberán estar con uniforme reglamentario y visiblemente identificados.
Los agentes no podrán utilizar armas de fuego, y las balas de goma y gases lacrimógenos solo podrán ser utilizados como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes.
También, las autoridades porteñas deberán informarle a la Justicia la nómina de vehículos que serán utilizados y entregar todas las filmaciones y registros que realice del operativo, en tanto que se prohíbe la utilización de vehículos y personal de civil no identificado y se ordena evitar la dispersión innecesaria de los posibles detenidos en diversos lugares de detención.
“Hemos visto una brutal represión el jueves pasado, seguida de detenciones arbitrarias, y no queremos que eso se repita porque atenta contra el derecho que todos tenemos a manifestarnos y expresar nuestra opinión”, explicó Recalde a través de un comunicado. Catalano, en tanto, agregó que “muchos manifestantes resultaron heridos y hasta fueron reprimidos varios diputados de la oposición en un claro intento de amedrentar a trabajadores y trabajadoras, jubilados, estudiantes y a todos aquellos que sólo buscan que se escuche su voz en contra de este proyecto de reforma previsional”.
En la presentación judicial, ambos dirigentes explicaron que “el protocolo de la ONU respecto del uso de armas de fuego por personal policial, es admitido básicamente como defensa de propia y de terceros, ante agresión con arma de fuego originadas en terceras personas”. A su vez destaca que el mismo protocolo establece que “la posta de goma y el material químico anti tumulto solo deberá ser utilizada como último recurso”.