Insomnio, hipertensión arterial, hipoacusia del oído derecho, tabaquismo y sedentarismo son las principales dolencias que tiene el represor Jorge Antonio Olivera y que enumeró el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, para concederle el arresto domiciliario. Por su parte, su colega Juan Carlos Gemignani destacó que le corresponde el beneficio porque el jefe de la represión en San Juan durante la dictadura cumple con el requisito de tener 70 años, como lo establece la ley de Ejecución Penal. Argumentos que habían sido rechazados por Fiscalía, los magistrados que controlan el cumplimiento de su condena y los que lo están juzgando en el tercer megajuicio, pero, como Casación es el máximo tribunal penal federal del país, la decisión de que el militar retirado esté detenido en su hogar es de cumplimiento obligatorio. Fuentes judiciales aseguraron que los jueces del Tribunal Oral de San Juan, Daniel Doffo, Eliana Rattá y Carlos Lascano, le impondrán el uso de una tobillera electrónica para su monitoreo.
La resolución, por mayoría, ya que Liliana Catucci votó en contra, salió a horas del día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que se conmemora a las víctimas de la dictadura, cuyo golpe de Estado dio inicio hace 45 años. Así, el fallo representa un baldazo de agua fría para las víctimas y familiares que sufrieron atroces delitos de lesa humanidad durante la salvaje represión y para las organizaciones de derechos humanos, que repudiaron el fallo y lo calificaron como vergonzoso (Ver recuadro).
Olivera no fue cualquier engranaje en el aparato represivo en San Juan, sino que fue el jefe de Inteligencia del RIM 22 y uno de los que impartió las órdenes para que se llevaran adelante detenciones, secuestros, torturas, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones contra militantes políticos, sindicales, estudiantiles y de la organización Montoneros. Además, carga con un historial de diversas maniobras para eludir la Justicia. En 2000, viajó a Italia y quedó detenido por la desaparición de la joven francesa Marie Anne Erize, tras un pedido de la Justicia de Francia. Sin embargo, jueces italianos lo liberaron a los 43 días, luego de que sus defensores presentaran un documento que indicaba la supuesta fecha de fallecimiento de Erize, por lo que los magistrados entendieron que el delito estaba prescripto. La movida resultó un escándalo, dado que familiares de la joven y organizaciones de derechos humanos aseguraron que se trataba de un certificado trucho.
Entre sus antecedentes se encuentra la fuga que protagonizó con Gustavo De Marchi el 25 de julio de 2013, a 22 días de haber sido condenado a perpetua en San Juan. El represor fue recapturado recién el 30 de enero de 2017, en la casa de su esposa, Marta Ravasi, mientras estaba oculto en el baúl de un auto. La mujer había sido señalada como una supuesta colaboradora del escape del Hospital Militar Cosme Argerich, al que había sido trasladado desde el Penal de Chimbas por supuestas dolencias.
Tras el primer castigo, el juez puntano Raúl Fourcade quedó a cargo del cumplimiento de la pena de Olivera, mientras que los magistrados Doffo, Rattá y Lascano lo hacen en la segunda condena a perpetua, del 22 de octubre de 2018. Además, Alberto Carelli, Paula Marisi y Gretel Diamante están llevando adelante el tercer megajuicio (Ver recuadro) y también entienden frente a planteos de arrestos domiciliarios. Todos ellos, al igual que el fiscal General Francisco Maldonado, rechazaron el pedido del militar retirado al señalar que, en líneas generales, el requisito que permite el beneficio por tener más de 70 años no es de aplicación automática. Además, destacaron que las patologías que presenta Olivera no tienen una gravedad que lo lleve a cumplir su detención en su casa. Sin embargo, los jueces Gemignani y Riggi consideraron todo lo contrario y le otorgaron la prisión domiciliaria.
En la práctica
Tras la resolución de Casación, el Tribunal Oral Federal de San Juan le impondrá a Jorge Olivera el uso de una tobillera electrónica, la que deberá suministrar el Ministerio de Justicia de la Nación. Una vez que le coloquen el dispositivo, el militar retirado empezará a gozar del beneficio, lo que se dará en unos días.
Repudio de organismos
Luego de que este medio diera a conocer la prisión domiciliaria a Olivera, estallaron las críticas de organismos de derechos humanos hacia el fallo. "Desde Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional San Juan repudiamos la decisión de la Cámara de Casación Penal, que le otorgó la prisión domiciliara al genocida, ex jefe de inteligencia, Jorge Olivera. Vemos con mucha preocupación e indignación que, a horas de conmemorarse el 45´ aniversario del Golpe de Estado, representantes de la Justicia permitan que un personaje tan nefasto y cruel tenga esos beneficio", expresaron.
Otra agrupación que salió al cruce de la resolución del máximo tribunal penal del país fue HIJOS San Juan. "Es incomprensible que, faltando un día para el 24 de Marzo, le otorguen prisión domiciliaria a Olivera. Todos sabemos de su antecedente de fuga. Es una vergüenza el fallo y una burla a las familias víctimas de este genocida. Juicio y castigo", manifestaron.
El otro represor que había conseguido el arresto domiciliario fue Gustavo De Marchi, quien se había fugado con Olivera a 22 días de recibir la primera condena por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan. El fallo lo había dictado la misma sala de la Cámara de Casación Penal, con los votos de Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi.
Malatto: el último eslabón, cercado
Los detenidos que sobrevivieron al aparato represivo dejaron constancias, en las declaraciones judiciales, del "capitán Malavera". Se trata de la conjunción de dos apellidos: Malatto y Olivera. El primero es el capitán Carlos Malatto, quien integró la plana mayor del RIM 22, ya que estaba al frente de la Sección Personal. Y aunque dicha área suena al desempeño de tareas administrativas, fue uno de los jerarcas que impartía órdenes para la ejecución de detenciones, secuestros, torturas y desapariciones de militantes durante la dictadura. El segundo es mayor retirado Jorge Olivera, jefe de la Sección Inteligencia y del esquema de represión, integrante de la plan mayor.
Malatto escapó hacia Italia y, aunque parecía que iba a zafar de la Justicia, fiscales de ese país están recolectando pruebas para decidir si realizan la acusación en su contra ante un juez italiano. Para ello, solicitaron los testimonios de 10 personas y fue el fiscal Francisco Maldonado quien recabó las declaraciones y las envió a Cancillería. Además, el representante del Ministerio Público insistió con un pedido de extradición para que el militar retirado sea juzgado en Argentina. De esa manera, hay dos embestidas para tratar de juzgar a Malatto, el único miembro del grupo de tareas del Ejército que no ha podido ser juzgado por delitos de lesa humanidad.