El Gobierno nacional de Mauricio Macri oficializó ayer el primero de los cuatro aumentos previstos en el año para los jubilados, que a partir de marzo será de 5,71 por ciento, correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Lo hizo a través de la resolución 2E/2018 del Ministerio de Trabajo publicada en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis. La misma estableció que “el valor de la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018, es de 5,71%”.
Asimismo, la normativa aprobó “los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia, que cesen desde el 28 de febrero de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1 de marzo de 2018”.
En otro orden, precisó que “la actualización de las remuneraciones mensuales se realizará multiplicando cada una de ellas por el coeficiente resultante de la división entre el índice correspondiente al mes de la adquisición de derecho y el índice correspondiente al de la remuneración devengada”.
“Las remuneraciones con aportes correspondientes a los titulares de los beneficios que hubiesen cesado con anterioridad al 28 de febrero de 2018 o los que continúen en actividad y hubieran solicitado la prestación antes del 1 de marzo de 2018, se actualizarán mediante la aplicación de los índices de actualización aprobados”, puntualizó la resolución.
Se trata de la primera vez que se aplica la llamada ley de “reforma previsional” desde su aprobación en diciembre y, por ende, que se utiliza la nueva fórmula, con la que las jubilaciones se calculan en un 70 por ciento con base en la inflación y un 30 por ciento según el nivel de variación salarial.
Hasta ahora, la metodología había sido de un 50 por ciento en función de la evolución de los salarios y otro 50 por ciento en base a la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las pensiones se actualizaban cada seis meses, mientras que el nuevo sistema plantea que se haga cada tres.
La norma afecta también a las personas que cobran pensiones no contributivas y a las que reciben asignaciones familiares, entre otras, y fue aprobada pese a las fuertes críticas de la oposición y los enfrentamientos entre policía y grupos de manifestantes. Télam y Efe