Diputados oficialistas del Frente de Todos (FdT), encabezados por José Luis Gioja, formalizaron ayer la presentación de un proyecto para modificar la ley de alquileres, aprobada durante la gestión de Mauricio Macri.
La iniciativa del partido gobernante contempla menores requisitos para monotributistas inquilinos. También, beneficios para locadores y topes para los aumentos de contratos.
Según la iniciativa, en caso de renovación del contrato, el precio inicial del alquiler tendrá como tope un 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley actual. En tanto, el precio inicial del alquiler para vivienda tendrá como tope un 20% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto.
Se establece además la necesidad de elaborar un proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda, y que se encuentran deshabitados.
El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que cambió aspectos esenciales del contrato de locación de inmuebles, y que generó el rechazo de inquilinos y de propietarios.
Entre las modificaciones, esa ley estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior-. Además, se fijó la actualización anual de los valores a través de un índice que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.
"Esta Ley que proponemos modificar fue cuestionada hasta por sus mismos autores", sostuvo Gioja en un comunicado que precisa los fundamentos de la iniciativa.
El exgobernador de San Juan agregó que "pretendemos que se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler".
La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo).
De esta manera, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto.
Para atender la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, Gioja propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados a la gestión pública de alquileres sociales.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Asimismo, plantea que los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos.
Este régimen de beneficios regirá por los próximos 15 periodos fiscales anuales, a partir de la entrada en vigencia de la ley.
La necesidad de modificar la ley vigente había sido señalada por el presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Opositores de Juntos por el Cambio (JxC) solicitaron realizar una sesión especial el 5 de abril para derogar la ley vigente. Se descuenta que el principal bloque de la oposición no apoyará el proyecto de Gioja, dado que crea un nuevo impuesto para viviendas ociosas, algo a lo que se opone JxC. Télam