Un fiscal federal promovió ayer la investigación contra el periodista deportivo y excandidato a diputado del PRO Fernando Niembro por presunto delito de “lavado de dinero”, en el marco de las contrataciones de la consultora La Usina por parte del Gobierno porteño.
El fiscal federal Ramiro González respondió positivamente a la consulta del juez Sebastián Casanello sobre si impulsaba la investigación, tras la denuncia efectuada la semana pasada por la fiscalía especializada en temas de lavado de activos (Procelac). González no formuló una “imputación” sino que respondió a la “vista del 180”, un artículo del Código Procesal por el cual el juez le pregunta si impulsa la acción o la desestima por inexistencia de delito, en relación con la denuncia formulada, en este caso por Procelac.
El fiscal también formuló el requerimiento de investigación contra Alberto Meza, socio de Niembro en La Usina y aún hoy candidato a diputado nacional por el PRO en la provincia de Buenos Aires. De esa manera, Niembro y Meza quedan en la mira por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma cercana a los 20 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
Según consta en la denuncia presentada por Procelac, con firma del fiscal general Carlos Gonella, a través de contratos entre La Usina Producciones SRL y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza.
“Se transformó la excepción en la regla”, dijo González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.
Niembro renunció el miércoles pasado a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el PRO, la fuerza que representa al candidato presidencial y jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri. La renuncia de Niembro ocurrió tras el escándalo por supuestos contratos irregulares entre La Usina, que fue propiedad del periodista, y el Gobierno porteño.
La investigación preliminar que dio origen a la denuncia se inició el 2 de septiembre luego de la publicación de diversos artículos periodísticos que daban cuenta del “posible hecho de corrupción”. Así, llegó a considerarse la posibilidad del lavado de activos a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF). De esa información surgió que tanto Meza como Niembro “incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes Benz y Audi. La Usina habría comprado espacios de publicidad en los medios y luego se los vendería a un precio mayor a diversas dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.