Según un relevamiento realizado en 2016 con diferentes ONG y movimientos barriales, el gobierno Nacional identificó 4.228 villas en todo el país.
En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevará al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios. La iniciativa incluye 37 villas de la provincia de San Juan, aunque el informe difundido hoy por Infobae no revela sus nombres ni ubucación específica.
El proyecto comenzará a discutirse en las comisiones en los próximos días y propone que se declare “la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles” que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.
Según el proyecto, que publicó Infobae, la tarea de la AABE será “individualizar los bienes inmuebles a expropiar, llevar adelante las tasaciones, iniciar los juicios de expropiación y establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas”.
En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo al relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por dos años. Según el Gobierno, será un proceso “que puede durar años”, y los títulos de propiedad se realizarán en base a los Certificados de Vivienda Familiar, instrumentados por la ANSES, que se comenzaron a entregar a los habitantes censados en junio del año pasado.
Con este certificado se puede acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. Hasta el momento, ya fueron entregados 94.692 certificados.