Albano Eduardo Harguindeguy, el poderoso exministro del Interior de la última dictadura militar, murió ayer a los 85 años mientras cumplía arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad.
Exgeneral de división, gélido ideólogo del régimen que usurpó el poder en el país desde 1976 hasta 1983, Harguindeguy tenía que rendir cuentas en la Justicia por haber escoltado al dictador Jorge Rafael Videla desde la cartera política durante cinco años, cuando se produjo la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado. Nació en Córdoba, el 11 de febrero de 1927, y murió ayer en una casa del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde estaba recluido por sus problemas de salud, según confirmó DyN.
En la actualidad, era investigado por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, en una megacausa que incluye también a otros represores y funcionarios judiciales.
Harguindeguy ingresó a la carrera militar en 1943 y fue jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Con la llegada del golpe militar, asumió como ministro del Interior, cargo que ocupó entre el 29 de marzo de 1976 y los mismos día y mes de 1981.
Era considerado uno de los ‘cerebros‘ de la dictadura y el amplio radio de influencia de su cartera -bajo cuya órbita se movían las fuerzas de seguridad- le permitía dominar extensas jurisdicciones del poder.
Su situación judicial se complicó en 2004, cuando fue arrestado en el marco de la megacausa del Plan Cóndor.
A partir de ese momento, otras causas por crímenes de lesa humanidad en distintos puntos del país también comenzaron a requerirlo como imputado. Por ejemplo, los hechos en la conocida como Área Concordia (Entre Ríos), aunque su condición física le impedía estar en el juicio oral que se sustanciaba allí.
También había sido procesado por el secuestro y la desaparición del dirigente guerrillero Roberto Quieto en diciembre de 1975, aún en el Gobierno de ‘Isabel‘ Perón. Asimismo, en La Rioja se dispuso procesarlo con prisión preventiva por ‘homicidio calificado y asociación ilícita‘ por la muerte del obispo Enrique Angelelli, en 1976.
El exmilitar fue uno de los condenados en 1985 por el histórico juicio a las cúpulas militares y luego indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, beneficio revocado por la Justicia en 2006, momento desde el cual estaba bajo arresto domiciliario.