El blanqueo de capitales propuesto por el Ejecutivo, que forma parte del megaproyecto de ley de pago de juicios pendientes y rectificación de haberes a los jubilados, incluye un artículo que dispone penas de hasta dos años de prisión y multas económicas contra funcionarios y terceros que revelen información de la operatoria.
La iniciativa, en el artículo 85, refiere a la necesidad de ‘guardar secreto‘, a la ‘reserva de identidad‘ de los contribuyentes que ingresen al blanqueo, y asegura que el procedimiento está ‘alcanzado por el secreto fiscal y regulado‘ dispuesto en la ley 11.683 de Procedimiento Tributario Nacional.
El texto, además, asegura que los funcionarios políticos o judiciales y terceros ‘que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales‘ incurrirán ‘en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal‘, que prevé prisión de un mes a dos años.
A su vez, señala que ‘los terceros mencionados precedentemente‘ incurrirán, además, ‘en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado‘. Consultado en Radio Con Vos, el investigador del Conicet Martín Becerra aseguró que este artículo busca ‘bloquear con el secreto total a la información que sea objeto del blanqueo‘ y consideró como ‘algo muy grave‘ que se establezca una penalidad de prisión contra los terceros, al señalar que el Código Penal solo hace referencia a funcionarios públicos. También cuestionó las multas que prevé la norma: ‘Inhibe a dar información sobre los peces más gordos, el efecto de autocensura va a ser mayor a medida que el monto a difundir sea mayor‘.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, dejó abierta la posibilidad de que familiares de funcionarios puedan ingresar al blanqueo de capitales, al advertir que si se siguen exceptuando eventuales beneficiarios se puede ‘atacar la posibilidad de éxito‘ de la iniciativa. Además, afirmó que con el blanqueo de capitales ‘va a ser más fácil recuperar la plata‘ de la corrupción, por lo que ironizó que ‘no‘ van ‘a necesitar buscarla con retroexcavadoras en Santa Cruz‘.
Sobre la posibilidad de que familiares de funcionarios entren en el blanqueo, Massot remarcó que ‘lo importante es que el blanqueo esté permitido universalmente, pero lo que no está permitido universalmente es que alguien no pueda explicar el origen de los fondos‘.