El asesinato de un hombre en una disputa por tierras en Humahuaca derivó ayer en la renuncia del intendente de esa localidad jujeña, Roberto Lamas, y tres concejales, mientras el fiscal Gustavo Araya aseguró que entre los 58 detenidos está el autor material del crimen. En tanto, el gobernador jujeño, Eduardo Fellner, consideró ayer “muy lamentables” los hechos que se produjeron en Humahuaca y criticó a los “grupos minoritarios que toman el camino de la violencia” para reivindicar sus derechos.
La dimisión del jefe comunal kirchnerista, que fue respaldado por el gobernador, se produjo en medio de protestas callejeras de vecinos y familiares que desde anoche reclaman justicia por el crimen de Luis Condorí, de 29 años, quien recibió un impacto de arma de fuego durante los enfrentamientos.
A raíz del intento de usurpación de tierras por integrantes de la organización social Titi Guerra, que se enfrentó con vecinos que defendieron un predio privado, varias personas resultaran heridas, además de la víctima mortal.
Entre las personas heridas hay una mujer anciana, propietaria del predio ubicado a la vera de la ruta nacional 9 donde se produjeron los incidentes.
Las manifestaciones frente la municipalidad impidieron ayer sesionar al Concejo Deliberante para formalizar el alejamiento de Lamas. En tanto, la edil Dominga Cari, presidenta del cuerpo deliberativo y quien debía asumir el cargo, sufrió una crisis nerviosa y debió ser internada en el hospital General Belgrano.
Fuentes legislativas informaron a DyN que a raíz de la crisis política derivada del asesinato renunciaron tres concejales, mientras otros evaluaban tomar la misma decisión.
La gravedad de los hechos y la movilización popular hicieron que el obispo de Humahuaca, Pedro Olmedo Rivero, regresara de urgencia a la provincia desde Buenos Aires, donde tenía previsto permanecer hasta el domingo.
El fiscal Gustavo Araya aseguró ayer que entre los detenidos “está el autor real del asesinato”, mientras en la morgue judicial se realizó la autopsia al cuerpo de Condorí. Araya dijo que integrantes de la organización social Tití Guerra llegaron en colectivos al predio y desalojaron por la fuerza a la familia Urbina. Ante la situación, prosiguió, “la familia solicitó ayuda a los vecinos que convocaron a otros pobladores para defender los terrenos, donde se produjeron graves incidentes cuyo saldo fue una persona muerta, algunos heridos y 58 personas detenidas, todas pertenecientes a la agrupación social”. La pueblada, además de los enfrentamientos entre los dos bandos, incluyó destrozos a los colectivos en los que habían sido trasladados los militantes de la “Tití Guerra”.
