El 43,8 por ciento de las víctimas fatales en accidentes viales fueron ocupantes de motos, 27,6% de automóviles y 22% peatones, según datos de 2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que destacó que las causas de los decesos en motociclistas se explican por distracciones por uso de celular, transgresión a las normas de tránsito y transporte de objetos.
Un informe elaborado por el organismo indicó también que creció el uso del casco respecto a mediciones anteriores, ya que más del 68% de los conductores circulan protegidos, porcentaje que baja a 64,2% cuando van con acompañante. También se remarcó que 6 de cada 10 motociclistas tienen menos de 35 años; en tanto 8 de cada 10 conductores son hombres.
De acuerdo al relevamiento, son las mujeres las que usan el casco en mayor medida (70,6%) contra el 60,7% de los hombres, mientras el uso de casco es más bajo entre los menores de 18 años (24,8).
Del total general, casi el 78% de las víctimas fatales fueron hombres.
En tanto, sobre el total de los controles de alcoholemia positivos, los motociclistas representan el 23%, en tanto que el 21,5% no respeta los semáforos.
La ANSV relevó que en el NOA y el NEA (donde hay más motos que autos), creció la participación de ese tipo de vehículo en siniestros, ya que protagonizan 6 de cada 10 accidentes, siendo Chaco y Formosa las provincias más afectadas con casi 9 de cada 10.
Al respecto, el titular de la ONG Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, destacó la necesidad de "lograr usuarios de la vía pública más seguros a través del uso generalizado de cascos, cinturones de seguridad, el respeto a los límites de velocidad, evitar consumos de alcohol y drogas y el uso del celular, además de priorizar al peatón".
Ema Cibotti, la presidenta de la Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables, manifestó que "está claro que el aumento de víctimas viales en América latina está vinculado a la irrupción de la moto hacia 2010 y para la cual los gobiernos no estaban preparados".
"La moto está muy ligada al trabajo precarizado de sus usuarios y a la economía informal, o sea que se conjuga en un solo acto la precarización con la inseguridad vial", acotó.
Las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que los fallecidos en siniestros de tránsito en 2018 fueron 5.472, valores similares a los de 2016 y 2017, aunque la ONG Luchemos por la Vida reportó 7.300 víctimas fatales el año pasado entre las que ocurrieron en el lugar del accidente y posteriormente a causa del siniestro.
En comparación con otros países del mundo, la última estadística disponible de 2016, muestra que 167 de cada millón de personas murieron en la Argentina en siniestros viales, mientras que en Suiza fueron 26, en Dinamarca 37 y en Italia 54, según reportes de Luchemos por la Vida.
Datos comparativos en Sudamérica de 2017 suministrados por el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial reflejan que la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito cada 100 mil habitantes de Argentina es de 12,74, en Paraguay de 17,23, en Uruguay de 13,45 y en Chile de 10,48.
Las provincias del norte del país encabezaron en 2018 el ranking de mortalidad en siniestros viales en relación a su población, con Santiago del Estero a la cabeza con un 28,6%; mientras Tierra del Fuego cerró la nómina, con 2,4% de fallecidos del total de sus habitantes, según el Observatorio Vial de la ANSV.
Casi el 78% de las víctimas fatales fueron hombres y 24% de la muertes se produjeron en personas de entre 15 y 24 años; en tanto, 43,8% de los fallecidos fueron ocupantes de motovehículos; 27,65% de automóviles y 22% peatones, calculó la ANSV.
"La Educación Vial continúa como asignatura pendiente, que depende de que algunos docentes de escuela se interesen por el tema y que los municipios más conscientes se ocupen de brindarla a los nuevos conductores de vehículos", opinó el titular de Luchemos por la Vida.
Silveira destacó la necesidad de que haya "controles eficaces y generalizados, sanciones efectivas, educación vial sistemática en escuelas primarias y secundarias, además de unificar nacionalmente un sistema de otorgamiento serio y responsable de licencias, y penas de prisión para los transgresores muy graves".