No hay fecha de reapertura de las escuelas. Es más, en el Gobierno creen que las clases presenciales no volverán masivamente este año por lo que las estrategias siguen siendo bajo las contingencias que impone la pandemia. Ese contexto le agregó un problema nuevo al Estado: cómo financiar la puesta a punto de las escuelas para volver a recibir a los alumnos. Es que la falta de uso genera un deterioro en los edificios y, además, deben adaptarlos a la nueva realidad del distanciamiento físico.
El cálculo rápido que hacen en el Gobierno es que necesitan al menos 1500 millones de pesos solo para acondicionar las escuelas y poder reabrirlas, sin incluir inversión en mejoras.
El Estado no tiene esos recursos porque la emergencia sanitaria hizo que se vuelquen todo hacia Salud. Por eso buscan medidas alternativas para recaudar y una de ellas es vender los bienes ociosos: casas, edificios y hasta campos que quedaron a cargo de la provincia por herencias vacantes, donaciones o garantías cobradas por créditos impagos. La intención es buscar una forma rápida de "desprenderse" de esos bienes para recaudar.
Los bienes
Solo la DGE tiene más de 60 inmuebles que quedaron como herencias vacantes y que pretenden vender. No es sencillo y tampoco es la primera vez que se intenta. Ahora, en el contexto de crisis, volverán sobre el tema.
Por eso el gobernador Rodolfo Suarez pidió que se valúen los bienes que están disponibles. En ese proceso están ahora. Cuando tengan el monto, ejecutarán de manera diferenciadas las herramientas para venderlos. "Tenemos que usar todo el ingenio para poner en funcionamiento las escuelas cuando se pueda volver", explican desde el Gobierno. "Hay escuelas que han sido vandalizadas. Además sufren un deterioro lógico. Por eso estamos valuando los bienes para venderlos", explicaron.
La DGE tiene a su cargo muchos inmuebles ociosos que quedaron como "vacantes". La intención es venderlos. Por eso en la Legislatura se trata un proyecto para agilizar ese proceso. Además, hay cerca de 100 bienes que quedaron para el Estado por la ejecución de las garantías de créditos impagos de los ex bancos oficiales. Allí la DAABO es quien los administra.