Mendoza.- El conjunto de las Asambleas Populares del Agua de Mendoza decidió salir del Espacio de Diálogo Minero, pues consideran que no están dadas las condiciones necesarias para participar de los debates organizados por el Gobierno provincial para definir una política de largo plazo en la actividad.
 
En un encuentro concretado por los representantes de toda Mendoza, entre ellos,San Carlos, General Alvear, San Rafael y el Gran Mendoza, pusieron en acción la disconformidad que ya habían expresado durante el primer encuentro del espacio realizado en junio pasado.
 
Se fueron del debate, que este martes iba a comenzar formalmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, por considerar que desde el momento mismo del envío de las invitaciones, la elección de los expositores y la división de los temas para discutir, la posición de los ambientalistas ha sido vulneraba.
 
Desde el Gobierno de Mendoza, a través de la Secretaría de Energía, adelantaron que seguirán insistiendo con la participación de las asambleas porque buscan que todas las opiniones sean expresadas entorno a la minería.

También, luego de ser dada a conocer la novedad, se informó que hubo contactos con el grupo para poder convencerlos de continuar en el Espacio para dar lugar a la discusión de sus inquietudes.

Incluso, el titular de Energía, Emilio Guiñazú, indicó: ‘Si hay que corregir errores de comunicación o en la organización, lo haremos. Pero eso no puede ser interpretado como una conspiración para que evitar que ellos participen. Cuando nos hicieron una observación sobre el nombre del Espacio, lo cambiamos. Y repito esto no es para hacer algo que la ley 7.722 no permite’.

En un extenso comunicado, las Asambleas Populares acusan al Gobierno de tener pocos gestos concretos respecto del cuidado ambiental y dan como ejemplo ‘el fracaso del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que quedó trunco por irregularidades del proceso. Sin ordenamiento territorial no puede haber un desarrollo armónico del territorio, mucho menos megaminería’.

También aseguran: ‘No se puede dialogar cuando las autoridades que deberían controlar, miran para otro lado, negando las irregularidades de proyectos mineros que sistemáticamente violan la legislación vigente. Así, el proyecto San Jorge insiste con actualizar su Declaración de Impacto Ambiental en base a una MGIA que ha sido rechazada en todas las instancias a que ha sido sometida, y el complejo uranífero Sierra Pintada sigue sin cumplir con lo que la ley y la Justicia le obligan’.

Pero, sobre todo, lo que ha molestado a los ambientalistas es el método elegido para dirigir las mesas de discusión, a través de una consultoría. En este sentido, Guiñazú explicó que es necesario para dar forma a un debate tan arduo como extenso y poder llegar a una conclusión certera’.

Fuente. Diario Uno