El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Garbó, firmaron ayer un convenio con el objetivo de coordinar acciones tendientes a la promoción de la inserción laboral y social de las personas que cumplen alguna condenada por la comisión de delitos.

Los presos tendrán así acceso a la oferta de programas de capacitación y formación profesional en el sector público y privado.

El acuerdo fue firmado días después de que la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que un grupo de presos de la cárcel de Ezeiza tenga los mismos derechos laborales que cualquier trabajador. Consultado por esa decisión judicial y la posibilidad que los presos cobren aguinaldo o ganen más que los jubilados, Tomada sostuvo que ‘cuando entramos en chicanas prefiero no intervenir‘. ‘Estamos hablando de la dignidad y el aprendizaje de un oficio de las personas‘, opinó el ministro.

Durante la firma del convenio el ministro de la cartera de Trabajo resaltó que ‘esta es una manera de apoyar la inserción laboral de quienes están privados de su libertad’ y eso ‘tiene que ver con la inclusión’. ‘Venimos trabajando desde hace tiempo mejorando sus condiciones’, agregó Tomada, al tiempo que cuestionó a los medios de comunicación que ahora ponen el tema en agenda pero en realidad, ‘no se conoce el impacto’ de la medida.

El convenio que se firmó ayer tiene el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los detenidos, y desarrollar entrenamiento para el Trabajo en el sector público y en instituciones sin fines de lucro, en el marco del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO). En este sentido, Tomada expresó que el convenio ‘también implica la obtención de un haber, que resulta importante en el proceso de democratización e igualdad de oportunidades’ de la personas privadas de su libertad. Y cuestionó a quienes, sobre este tema, llevan la discusión ‘al terreno de la banalización’. Además enfatizó: ‘Nosotros estamos hablando de la dignidad, de la posibilidad de insertarse laboralmente, de la adquisición de un oficio, de empezar a encarar por otro lado al problema’. Por último, el ministro recordó que ‘constitucionalmente esta planteado que las cárceles no deben ser lugares de castigo, sino de recuperación de esta gente‘, y que ‘desde el Ministerio de Trabajo estamos convencidos que la mejor forma de reinsertarse es a través del trabajo‘.

A la persona detenida ‘le cambia la mirada y la dimensión de su rol’, señaló Tomada, en tanto indicó que ‘se incrementa su sociabilidad’. En este sentido la procuradora Gils Carbó destacó que este convenio posibilita que ‘quien salga de la cárcel tenga un oficio’, lo que no solo es una herramienta de sociabilidad, sino una manera de ‘disminuir la inseguridad’. Además, remarcó la labor de los fiscales que diagramaron esta propuesta a los que calificó como fiscales que ‘están en contacto con la gente, no son fiscales de escritorio‘. En esta línea, se refirió al nuevo Código Procesal Penal, que propone la creación de nuevas fiscalías y otorga la responsabilidad de investigar a los fiscales.