El abogado del expresidente Mauricio Macri, Pablo Lanusse, apeló ante la Cámara de Mar del Plata el procesamiento por presunto espionaje contra familiares de la víctimas del submarino ARA San Juan.
En el escrito que presentó su letrado, el expresidente reclamó quedar al margen también de todas las medidas dictadas por el juez Martín Bava como la prohibición para salir del país y el embargo de cien millones de pesos.
Según se desprende de la apelación, el fallo de Bava surge “del compromiso personal, cognitivo y emocional del Sr. Magistrado que expone su parcialidad, falta de independencia y prejuzgamiento”.
Y agregó: “Es tan brutal lo escrito que a veces no deja de retumbar en mi cabeza la inquietud de si detrás de todo esto puede existir un inaceptable ghostwritter”. En ese sentido, apuntó que las medidas cautelares de prohibición de salir del país constituyen “una pena anticipada”.
Según el juez Martín Bava, el exmandatario es responsable de la realización de “actividades de espionaje ilegal e interno”. Además, le trabó un embargo por 100 millones de pesos y le prohibió abandonar el país.
Según el magistrado, el expresidente estaba al tanto de las acciones de espionaje y tuvo en su poder los informes de inteligencia. Para Bava, la AFI siguió, fotografió y se infiltró entre los familiares de los tripulantes con el objetivo de anticiparle al expresidente cuáles serían sus reclamos, con lo cual aseguró que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener bajo la lupa a los familiares de los 44 tripulantes.
En las consideraciones, el magistrado asegura que “los informes de inteligencia que forman parte de esta resolución, no versan en lo absoluto sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional, ni hacen a investigaciones de delitos federales complejos”.
En ese sentido, y en contraposición con lo argumentado por la defensa de Majdalani que aseguraba que estaban ligadas a la seguridad presidencial, el juez señala que “consistieron en el relevamiento, acumulación y/o producción ilegal de información sobre familiares de la y los tripulantes de las embarcaciones hundidas ARA San Juan, “Rigel” y “El Repunte”, que reclamaban al entonces gobierno Nacional por la aparición de sus allegados y justicia para el esclarecimiento de los hechos”.
Fuente: TN