La Fiscalía chilena investiga el presunto comercio ilegal de armas desde Argentina por un grupo de mapuches que se encuentra en prisión preventiva desde el fin de semana, informaron ayer fuentes judiciales.
El Ministerio Público informó ayer que existen conversaciones de Whatsapp y Telegram entre líderes mapuches en las que se señala qué tipo de armas podrían ser traídas desde Argentina, país donde también se indaga este hecho.
Estos mensajes, que habrían sido registrados el 4 de agosto, inculparían a Héctor Llaitul, portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización mapuche radical, y al dirigente Jorge Huenchullán.
La Fiscalía aseguró que se trata de 6 escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, 2 fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre 9 milímetros, que llegarían a Chile "antes del 15" del mes pasado.
Además se habla del equivalente a unos 18.984 dólares que Llaitul habría recibido como pago por una charla que ofreció en una universidad, los cuales "serían utilizados para estos delitos", sostuvo la vocera de la Fiscalía de la chilena región sureña de La Araucanía, Nelly Marabolí.
Según informaron ayer medios chilenos, agentes detuvieron en la región chilena de la Araucaria a ocho mapuches a quienes les incautaron teléfonos en los que descubrieron conversaciones por chat referidas a un envío de armamento desde Argentina. Se sospecha que el envío de armamentos fue manejado por CAM, una organización que reivindica la autonomía del pueblo mapuche respecto al Estado de Chile. Los ocho detenidos en el operativo realizado el fin de semana en la región de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, fueron acusados del delito de asociación ilícita con carácter terrorista. Se espera que en Argentina se reúnan el subsecretario de Interior de Chile, Mahmud Aleuy, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Lo que pide el juez del caso Maldonado
El nuevo juez a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, Gustavo Lleral, elevó una serie de pedidos a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que incluye vehículos, computadoras, celulares, viáticos y más personal para su juzgado, para realizar su trabajo al frente de la investigación.
Lleral también mencionó en la nota la dificultad en la que se encuentra para conseguir alojamiento en Esquel, a raíz del número alto de turistas. El juez tiene previsto viajar esta semana a Esquel donde se abocará durante 60 días, plazo establecido por la cámara, a la investigación de la desaparición de Maldonado, que se produjo el 1 de agosto durante la represión de Gendarmería a una protesta mapuche en Chubut.