Después de un cierre de semana agitado y de alta tensión por la histórica disparada del dólar que motivó una serie de anuncios para dar tranquilidad a los mercados con una suba de las tasas de interés al 40% y un ajuste fiscal por 30.000 mil millones de pesos, el Gobierno afronta esta semana otra batalla: La embestida de la oposición que unió fuerzas y espera este miércoles plasmar en un proyecto el freno las subas de tarifas.
Para la Casa Rosada, el proyecto de la oposición es "inviable" y ante la insistencia ya avisó que recurrirá al veto presidencial para desactivar la movida, aunque evalúa alternativas para no llegar a esta medida extrema de alto costo político. El veto, por ahora, es la última carta que el Ejecutivo de Mauricio Macri quiere jugar. Por eso, apela a la "actitud responsable" de los gobernadores para que intervengan con sus legisladores en el Congreso a fin de que la oposición no reúna los votos suficientes para aprobar una ley que retrotraiga las tarifas de luz, agua y gas.
Tras el rechazo de las empresas más grandes al proyecto opositor, ahora el gobierno salió a intentar ponerle coto a la iniciativa. "Vamos a buscar una salida con los gobernadores porque queremos resolverlo desde los ejecutivos", indicaron desde Balcarce 50. En sintonía, ya salieron nueve gobernadores -siete peronistas y dos radicales- a afirmar que "las tarifas son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional". De todos modos, nadie asegura que estas expresiones se traduzcan en apoyo de los diputados y senadores de esas provincias para trabar el proyecto opositor en el Congreso.
En plena encerrona, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, acentuó durante la semana la responsabilidad de los gobernadores para frenar el proyecto. Para eso sostuvo que el proyecto que impulsa la oposición supone 100 mil millones de pesos de costo fiscal. Una cifra que cobra mayor importancia ahora a partir de los anuncios de un mega ajuste del gasto fiscal que resolvió llevar adelante el Gobierno. Por eso, el ministro coordinador ya anticipó que de aprobarse el plan que impulsa el PJ junto al massismo y el kirchnerismo, será vetado por el presidente Mauricio Macri.
Lo que aún no definió es si será un veto parcial -en el que compartan la Nación y las provincias la carga- o total.
El costo político de tamaña decisión es el que quiere evitar a toda costa el Gobierno.
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2015, Macri vetó siete proyectos de ley: cuatro totalmente y tres de manera parcial. Si lo vuelve a hacer con el proyecto para retrotraer las tarifas, la oposición pueden volver a insistir con la iniciativa, pero necesita de dos tercios para que se apruebe. Cambiemos con algunos legisladores aliados tiene el número para bloquear un nuevo intento opositor en este sentido.
Otro punto de la estrategia oficial para defender el reajuste de tarifas se desplegó en los últimos días: el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, y el asesor del Ministerio de Hacienda, Guillermo Cruces, firmaron una publicación en la que respaldan las subas de tarifas. El estudio sostiene que el 20% más pobre emplea el 2,6% de su ingreso en 2018 a pagar servios, esto es, casi seis puntos porcentuales menos que el valor del año 2000. De esta manera, dan a entender que todavía puede haber margen para nuevos aumentos.
El dictamen de la polémica al que quiere darle media sanción el peronismo, massismo y kichnerismo el miércoles en Diputados contempla retrotraer las tarifas a noviembre del 2017 y aplicar un ajuste de acuerdo con la variación salarial, más una rebaja el IVA del 21 al 10,5%, aunque este artículo podría ser eliminado por la oposición de los gobernadores que no quieren reducir sus ingresos.
Según calculó el sitio El Parlamentario, en base a un relevamiento del Centro de Estudios Nueva Mayoría que dirige Rosendo Fraga, desde el regreso de la democracia hasta el 2016 sólo en 36 oportunidades el Congreso aprobó una ley que había sido vetada previamente.
Puede ser total o parcial
El veto es una atribución del Poder Ejecutivo Nacional a través del cual puede rechazar total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Congreso. El Presidente tiene hasta 10 días hábiles después de la sanción legislativa para usar esta herramienta y su pronunciamiento debe contar con la firma de uno o más ministros del gabinete. El veto parcial fue incorporado en la Constitución nacional después de su última modificación en 1994 y permite que el Ejecutivo pueda objetar una parte de la norma y no su totalidad. De esta manera, el Presidente puede promulgar parcialmente la parte no vetada, siempre y cuando esta no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por ambas Cámaras.
Las 7 leyes con filtro del Presidente
Hasta hoy, el presidente Mauricio Macri vetó 7 proyectos de ley. En su primer año como presidente dejó totalmente sin efecto la emergencia ocupacional (que preveía, entre otras cosas, la llamada "doble indemnización" por despido), una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo, que incorporaba la figura del salario mínimo profesional; la declaración de interés nacional de la protección de las personas portadoras de trombofilia, y la expropiación del Hotel Bauen. Además, vetó parcialmente un proyecto de ley que establecía un régimen jubilatorio especial para los excombatientes de Malvinas. Mientras que en 2017 Macri vetó parcialmente la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal; y el Régimen de Promoción de la Industria Naval.
Vale la pena destacar que Cambiemos no cuenta con mayoría en ninguna de las Cámaras, mientras que durante ambos mandatos de la ex presidenta -salvo en 2009- el kirchnerismo tuvo mayoría oficialista en el Congreso.