El Poder Ejecutivo dispuso ayer que la discusión entre el Gobierno y los gremios docentes a nivel nacional se circunscribirá, a partir de este año, a cuestiones no salariales y, en lo que atañe a la discusión paritaria, dejó formalizado el piso del 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil para que, a partir de ese valor, se rijan las negociaciones entre las provincias y las entidades sindicales a nivel local.
Además, igualó la representación de los gremios docentes nacionales en el espacio de debate estipulado por la Ley de Financiamiento Educativo, con la participación del Ministerio de Educación de la Nación, para acordar, año a año, “un convenio marco” en torno a condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente, entre otros aspectos.
De esta forma, el oficialismo limitó a uno la cantidad de representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) en las mesas de negociación salarial, donde ahora tiene cinco lugares, mientras que los otros sindicatos tienen uno cada uno.
La medida fue ampliamente repudiada por los gremios docentes y CTERA ya anticipó que denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el decreto del Poder Ejecutivo que modifica la paritaria nacional docente e iguala la representación de los sindicatos del sector en la mesa de negociación, en lugar de la representación proporcional que regía hasta ahora.
El decreto 52/2018 del Ejecutivo, que fue publicado en la edición de ayer del Boletín Oficial, introduce modificaciones a otro anterior, del 2007, que, con la firma del entonces presidente Néstor Kirchner, fijó las pautas para la negociación a nivel nacional entre los gremios docentes y el gobierno al reglamentar el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.
“Deviene necesaria la actualización del ámbito de discusión del convenio marco, garantizando la equidad en la representación de todas las voces con el fin de mejorar las condiciones generales de los docentes del Sistema Educativo Nacional, adecuando la normativa vigente y estableciendo nuevos criterios de relación”, indicó en sus considerandos la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.
Con este argumento, el artículo 1 del decreto establece que “la representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal en el convenio marco, será ejercida por un miembro de cada asociación sindical” del orden nacional, con cual iguala la presencia de los gremios, que, hasta ahora, era proporcional a su cantidad de afiliados a nivel nacional.
Para el ministro de Educación, Alejandro Finocciaro, de este modo se termina la “mayoría automática” que ejercía CTERA.
El Gobierno también separó los ámbitos de discusión de ese “convenio marco” para la educación pública de gestión estatal y para la educación de gestión privada. De hecho, para el caso de la educación pública estatal, prevé la participación en las negociaciones de representantes del Ministerio de Educación de la Nación, del Consejo Federal de Educación y de los gremios; mientras que, para la discusión del convenio marco en el ámbito de la educación de gestión privada, prevé, además de la participación del Ministerio, la del Sadop y la de “los representantes de los empleadores del sector”. En tanto, el artículo 4 de la norma deja en claro que el ámbito de discusión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes a nivel nacional se dedicará a cuestiones laborales, del calendario educativo y de la carrera docentes. En este sentido, explicaron que lo que hace la norma es institucionalizar “el acuerdo alcanzado en el 2016, que fijó piso para la discusión salarial docente en cada una de las provincias en el equivalente a un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil”.
Una denuncia y mal trago para Triaca
La defensa del detenido extitular del SOMU, Omar “Caballo” Suarez, solicitó ayer que se investigue la posible comisión de delitos en el marco de la intervención de ese gremio dispuesta tras la detención de su defendido, a raíz de la designación de una empleada doméstica de la familia del ministro Jorge Triaca en la delegación San Fernando del sindicato. Así lo hicieron en una presentación realizada por los abogados Carlos Broitman y Alejandro Argibay Molina, en el marco de la causa por la cual fue detenido el gremialista y por la cual se dispuso la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que tramita en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. En el escrito, los abogados de “Caballo” Suárez pidieron que la Justicia cite como testigo a Sandra Heredia, quien adquirió protagonismo público luego de que trascendiera un audio de Jorge Triaca, en la que la insultaba y le pedía que no volviera. Ayer, Triaca pidió disculpas públicas, igual quedó en la mira y en las redes piden su renuncia.