Tras un año de cortocircuitos pese a la inversión récord en materia social, y empujado por un diciembre de conflicto en las calles, el Gobierno gesta un plan para quitarles peso a las organizaciones sociales y que busca garantizar la libertad de elección de las personas que perciben planes.
Concretamente, según pudo confirmar Clarín de altas fuentes oficiales, la idea es ampliar la oferta de centros de capacitación y formación profesional y de desarrollo de tareas a los que deben asistir los 261 mil beneficiarios de los planes “Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y “Desde el Barrio” para cobrar los $ 4.430 por mes que les paga el Estado.
Esto, de forma directa, recortará el poder de los líderes piqueteros que tienen el manejo de un porcentaje importante de planillas de “asistencia”. Aunque en la práctica no es significativo el número de planes que se dan de baja por cuestiones de inasistencias, en el Gobierno creen que utilizan esa herramienta para direccionar a la gente políticamente. “La amenaza siempre fue ‘vení a la movilización, si no te paso ausente’. Queremos que eso ya no esté más en juego”, sostienen.
Para tomar dimensión del impacto que tendría sobre las organizaciones sociales, sólo basta repasar estimaciones oficiales: nuclean a cerca de 60 mil beneficiarios de planes y a alrededor de 50 mil trabajadores (de los 120 mil) que perciben el Salario Social Complementario, contemplado en la Ley de Emergencia Social.
Actualmente, incluidos los movimientos sociales, hay 250 entes ejecutores, pero la nómina se multiplicará. En principio, se habilitará a que la gente pueda optar por cursos de formación en más institutos primarios, secundarios y terciarios, y también se ampliarán los centros para hacer prácticas de impacto público, entidades sin fines de lucro y municipios. “Se va a cambiar el paradigma y se va invertir la carga de la prueba: en vez de que dependan de un puntero que valide su asistencia en una planilla, podrán elegir de una larga lista dónde ir a formarse”, indicaron en el Gobierno.
La intención es que los cambios se implementen en los próximos meses, pero mientras se avanza en los detalles, la orden fue mantenerlo bajo reserva. Tanto que el tema no estuvo en la agenda de la última reunión de seguimiento de gestión de Desarrollo Social que esta semana encabezó Mauricio Macri. Allí hubo, entre secretarios y asesores de menor rango, unas 20 personas: demasiadas para contener la filtración. Por eso, apenas un puñado de funcionarios está al tanto de la iniciativa en la que trabajan el jefe de Gabinete Marcos Peña, el todopoderoso vicejefe de Gabinete Mario Quintana y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.
En el Gobierno juran que se trata de “una iniciativa sobre la que se trabaja hace mucho tiempo”, pero tomó impulso en las últimas semanas. En rigor, antes resultaba inviable debido a falta de información. Ahora, luego de una radiografía de todos los planes a nivel nacional que realizaron en la Secretaría de Economía Social que lidera Matías Kelly, el escenario es distinto.