Una batería de medidas verán la luz el jueves, cuando el presidente Mauricio Macri firme un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con 170 normas que abarcarán a ocho ministerios. Todas ellas buscarán reducir los costos y ganar competitividad, en el marco del plan del Ejecutivo por achicar el gasto público.
Entre las principales iniciativas se destaca la aprobación del uso de “bitrenes” (formaciones compuestas por un camión y dos remolques) y hace obligatorio el uso del expediente electrónico para los oficios judiciales.
El anuncio fue formulado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, junto con el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauste; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Cusellas, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Pedro Sorop.
Con esta medida “buscamos reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficiente, y con el consecuente ahorro de tiempo”, dijo Cabrera durante un contacto mantenido con la prensa. “No queremos que la gente sea el ‘cadete’ del Estado, haciendo trámites innecesarios”, agregó el funcionario.
El plan
El paquete de normas será oficializado con un DNU publicado en el Boletín Oficial. Son 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.
También comprende al Banco Central y a dos organismos descentralizados, como la Agencia de Administración de Bienes del Estados (AABE) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La norma establece que los expedientes digitales pasarán a tener “la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos”. Además, hace obligatorio el uso del expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional, entre otras medidas.
La iniciativa también estipula que las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse en el país, al tiempo que simplifica y hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes.
También se podrá resolver sin ir a la justicia, en 60 días, controversias legales-administrativas relacionadas con la administración del Estado que antes podían durar entre tres y cinco años.