La noticia saltó a los medios la semana pasada y tenía como protagonista a un motochorro colombiano con antecedentes que salió más rápido de lo que entró a un cepo. Ya había bronca popular y algunas quejas de distintos funcionarios. Pero cuando salió a la luz que hubo otros liberados por la misma jueza, a pesar de sus reincidencias, la gota derramó el vaso. Y al frente de las críticas se puso el propio presidente de la Nación.
Mauricio Macri calificó ayer de "indignante" la liberación de dos motochorros extranjeros que tenían antecedentes penales y se quejó de que "con una Justicia así, no hay policía que alcance".
A través de la red social Twitter, el jefe de Estado se refirió a los casos del colombiano Jair Stevens Jurado Mora (25), que el 22 de enero le robó el celular a una joven en el barrio porteño de Caballito y a las 48 horas fue liberado, y al del uruguayo Antonio Franco (36), que cuenta con dos condenas pero también fue excarcelado luego de haber sido detenido por la policía el miércoles 23.
En el primer caso, intervino la jueza de instrucción en lo Criminal 62, Patricia Guichandut, quien ayer salió a defenderse de su actuación en el expediente del colombiano Jurado Mora, del cual dijo que le impuso una sanción de 700 pesos "como lo señala la ley", y aseguró que no intervino en la causa del uruguayo Franco.
No obstante, desde la mañana y en la misma línea que el Presidente, se pronunciaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, quienes vincularon a la misma jueza en la decisión de excarcelar a ambos motochorros.
Rodríguez Larreta consideró "escandaloso" el proceder de la magistrada: "Estoy un poco caliente por el caso de la jueza que ayer liberó al motochorro tres veces condenado. Un tipo con pedido de expulsión de la Argentina dictaminada, lo volvemos a agarrar en Boedo y lo liberan en 24 horas".
Larreta remarcó que Guichandut "es la misma jueza que hace una semana liberó a otro motochorro con una probation de 700 pesos". Y continuó: "Ahora fue gratis, indignante".
Por su parte, Santilli, quien también está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, pidió la expulsión del país del uruguayo Franco y denunció la "impunidad" de la jueza porque ese imputado tenía un pedido de expulsión.
Al referirse a la jueza Guichandut, quien un día antes había otorgado la libertad tras acordar una probation y el pago de 700 pesos a Jurado Mora, Larreta consideró su decisión como una "falta de sentido común".
Franco fue aprehendido el miércoles 23 de enero cuando circulaba junto a un cómplice por Virrey Liniers al 900 y, al notar la presencia de personal de la Policía, se escondió.
Ante la actitud sospechosa, los policías los interceptaron para identificarlos y descubrieron que sobre el hombre pesaban los pedidos judiciales, por lo que fue detenido y trasladado a la alcaidía 10 de la comisaría vecinal 5-B, en el barrio de Floresta.
El uruguayo permaneció preso durante menos de 24 horas y fue liberado bajo el requisito de fijar un domicilio en el país. En tanto, según los informes de reincidencia, el uruguayo Franco fue condenado en 2007 a tres años de prisión como coautor material de un robo a mano armada por el cual se le otorgó el beneficio de la libertad condicional en abril del año siguiente.
Luego, en 2014, fue imputado por el robo de un vehículo en la vía pública, que fue agravado por la participación de un menor de edad, y terminó condenado en 2015 nuevamente a tres años de prisión, pero obtuvo un permiso de libertad asistida y anticipada en febrero del año pasado.
>> El colombiano, con un pie fuera del país
El director nacional de Migraciones, Horacio García, explicó a Télam que se pidió la expulsión del uruguayo Antonio Franco del país el 10 de noviembre de 2016 y desde entonces la causa está en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para que se confirme o no. Sobre el colombiano Jair Jurado Mora, indicó que ayer se venció el plazo que tenía para apelar ante Migraciones su expulsión y que como no lo hizo, le consultaron a la jueza Guichandut si requería su presencia en el país; como la magistrada respondió que no, se enviará el pedido al otro fuero para que pueda ser deportado cuanto antes a su país.
Las críticas a la magistrada se suscitaron luego de que trascendiera que el imputado reportaba antecedentes por hurto calificado y por violencia intrafamiliar en Colombia.