El presidente Mauricio Macri anunció ayer que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la aplicación del procedimiento de extinción de dominio, que prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil a personas acusadas de cometer delitos graves como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros.
El régimen podrá ser aplicado en forma retroactiva, a bienes comprados a partir de delitos cometidos desde 15 años atrás en adelante.
El denominado proyecto de ley de "extinción de dominio" era impulsado por el Gobierno desde la llegada de Macri a la Presidencia, pero su debate en el Parlamento estaba estancado por objeciones del peronismo del Senado que comanda Miguel Ángel Pichetto. Por eso, Macri resolvió a sacarlo adelante mediante la firma de un decreto de "necesidad y urgencia" -ver La ley está…-.
Ahora resta saber si la Comisión Bicameral del Congreso avalará el DNU o, por el contrario, lo rechaza y deja al Presidente, otra vez, con las manos vacías.
"No da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga", sostuvo Macri durante su anuncio, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
"Voy a firmar un decreto para avanzar con la extinción de dominio y que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma trasparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron", afirmó Macri.
"Los mafiosos y corruptos no tienen límites. Estamos dando esta lucha fuerte y permanente para terminar con esto", apuntó Macri, quien dijo que los bienes incautados "se puedan subastar para destinarlos a políticas públicas fundamentales". "La mafias, las redes de narcotráfico, de crimen organizado y de la corrupción se llevaron plata que es de todos los argentinos. Es plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para seguir construyendo escuelas, jardines, espacios de primera infancia, rutas más seguras, obras para inundaciones y también llevar obra y cloacas a todas las familias", agregó.
Según el Presidente, actualmente "la Justicia penal tiene instrumentos para avanzar sobre estos bienes pero son muy lentos" y que por ello este DNU será "un paso adelante para que la Justicia pueda avanzar más rápido en recuperar esos bienes".
"No alcanza con condenar a quienes lideran bandas criminales porque mientras tengan recursos van a seguir operando. Por esto, también hay que atacar su poder económico", argumentó Macri.
Al referirse al por qué tomó la decisión de avanzar a través de un DNU, afirmó: "Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos para su aprobación en el Congreso están estancados hace años".
La iniciativa recibió un fuerte respaldo de legisladores nacionales de Cambiemos: "El decreto establece un sistema de extinción de dominio de los bienes del crimen organizado es un buen equilibrio entre las propuestas tan diferentes del Senado y Diputados", dijo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo."Creo que va a ser un buen aporte legislativo. Digo que es serio porque es una norma que da herramientas a la Justicia pero también garantías de que no habrá persecuciones arbitrarias", resaltó. Poco antes de conocerse el anuncio de Macri, el titular del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, aseguró en su cuenta de Twitter que "la decisión de recuperar lo robado por la corrupción y el crimen organizado es inclaudicable para Cambiemos" y que "no hay más margen para dilatar el tema".
La semana pasada, Elisa Carrió había adelantado que el Gobierno nacional trabajaba en un borrador, listo para ser firmado, al asegurar: "Le pedí al Presidente el decreto en diciembre y no salió, ojalá lo firme ahora".
De qué se trata
La extinción de dominio que anunció Macri apuntará a cortar el sistema de financiación de las organizaciones delictivas nacionales e internacionales . Se creará una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), la cual funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación, y será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares, junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones.
Los bienes alcanzados por la nueva acción civil son todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria. También incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados.
Los delitos abarcados por el régimen son: los de la ley 23.737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo. Asimismo comprende el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Por otra parte, serán alcanzados por la norma delitos como el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas.
Durante la sustanciación del proceso, la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de administración de Bienes del Estado, mientras que el dinero en efectivo será administrado por Anses. Crea la figura de colaborador eficaz, bajo identidad reservada, fijando una compensación de hasta el 10% de los bienes a los que se le extinguiría el dominio.
La ley está frenada en el Congreso
La ley de extinción de dominio está frenada en el Congreso desde hace un poco más de dos años. Tiene media sanción de Diputados y del Senado, pero la Cámara Alta aprobó la iniciativa luego de introducirle modificaciones sustanciales impulsadas por el peronismo que comanda Miguel Angel Pichetto. Por estos cambios, el proyecto debía volver a Diputados para que la Cámara Baja insista con el proyecto original o acepte las modificaciones.
La iniciativa aprobada por el Senado establecía que la incautación de los bienes se ejecute sólo una vez que exista una sentencia de primera instancia, cuestión rechazada por Cambiemos ya que considera que se debe otorgar al fuero civil la potestad de dictar la medida antes de que haya condena. Ante la falta de acuerdo y la imposibilidad de Cambiemos de reunir los votos necesarios para insistir con su plan original, en una u otra Cámara, sin cambios, la iniciativa del Gobierno quedó frizada en el Congreso.