La comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá un plazo de diez días para tratar desde la fecha en que el Gobierno le envíe al Parlamento el decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre extinción de dominio que el presidente Mauricio Macri firmó el lunes último para recuperar los bienes adquiridos por involucrados en corrupción. Así lo indicaron ayer fuentes parlamentarias que estimaron que el tema pueda ser enviado al Congreso en sesiones extraordinarias y tener el trámite convencional de una ley, tal como ocurrió el año pasado con el decreto para desburocratizar el Estado que, luego fue convertido en tres leyes.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó días atrás que "este DNU va a ir al Congreso" y "se va a discutir con representantes de ambas Cámaras de cara a la sociedad, donde van a quedar bien claras las posiciones". "Si esto finalmente se sanciona, la Argentina va a poder ratificar esta herramienta que ya está vigente", para ayudar a la lucha contra las mafias", aseguró. Técnicamente, el DNU "que aún no ingresó al Parlamento- debe ser tratado por la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que debe definir si lo acepta o rechaza con un plazo de 10 días para expedirse sobre la validez o no de la medida.