Mendoza, 4 de febrero.-Las imágenes de las torturas sufridas por dos hombres detenidos en la cárcel San Felipe siguen generando estupor y también consecuencias. Ya hay cinco agentes penitenciarios detenidos y hoy serían imputados por delitos de distinta gravedad, mientras buscan al menos a un agente más. El fiscal especial Santiago Garay acusará a dos de los agentes por tortura, a otros dos por vejámenes o abusos y a otros dos por omisión de denuncia.
Pero el escándalo podría derivar en una intervención de la Nación porque, según se sospecha, uno de los agredidos es una persona que estaba bajo el régimen penal federal por una causa relacionada con la tenencia de drogas. Si se confirma esto, intervendría la Procuración Penitenciaria Federal, que defiende los derechos de los internos de ese sistema. La Procuración depende del Poder Legislativo nacional, pero tiene independencia y puede acusar.
A medida que avanzan las investigaciones, el abanico de responsabilidades se sigue abriendo.
El Gobierno aseguraba hasta ayer que no había responsabilidades políticas propias porque en el momento que ocurrieron las torturas el sistema estaba a cargo de la intervención federal. Pero la Justicia confirmó que uno de los videos fue grabado en diciembre del año pasado, cuando el control del sistema había vuelto a la jurisdicción del Gobierno provincial, pues el "traspaso de mando" entre la intervención federal y las autoridades mendocinas se produjo en julio de 2010.
A la par de la investigación judicial, el Poder Ejecutivo y la Inspección General de Seguridad intentan determinar las responsabilidades por la negligencia. Desde la Subsecretaría de Justicia aseguraron que darán todas las garantías para que los potenciales testigos y víctimas de tormentos que haya en las cárceles declaren ante la Justicia. Lo mismo para los agentes penitenciarios.
La intención es tratar de romper el aparente pacto de silencio "intramuros" que creen que hay.
Es que a pesar de las evidentes imágenes de golpes, en el Ejecutivo se sorprendieron porque no hallaron ningún registro que hiciera sospechar lo que pasaba. Ni siquiera se detectaron ingresos a la enfermería de las personas que fueron agredidas, a pesar de que obligatoriamente tienen que tener una revisación médica periódica.
"Hemos entregado todos los registros y la documentación a la Justicia. No descartamos nada y queremos que se resuelva", dijo Carlos Quiroga Nanclares, subsecretario de Justicia de Mendoza.
En Tribunales también aseguran que buscarán determinar cómo funciona la trama de encubrimientos y si se trata de una práctica frecuente. Pero también aclaran que es un segundo paso, pues antes quieren resolver lo urgente.
El fiscal Garay dividió las acusaciones según la gravedad de lo que se ve en los videos. El caso más grave es el que ocurrió en junio del año pasado, cuando según lo que se ve, los guardia cárceles golpean a un joven maniatado. Allí, la imputación será por "tortura", un delito pocas veces visto desde que retornó la democracia.
En el caso del otro video, grabado en diciembre, se acusa a los guardias por haber cometido "vejación contra las personas" detenidas (similar a los llamados apremios ilegales). El fiscal logró identificar a esa víctima. Se trata de una persona que aún está encerrada y ayer declaró.
Los otros imputados son dos agentes que aparecen como "espectadores" de los otros delitos, entre ellos el propio "cameraman" y propietario del celular que sirvió de elemento de prueba.
Según se supo, el detenido golpeado dijo que ese tipo de maltrato es frecuente, aunque en principio el testimonio no fue del todo claro. La otra víctima fue identificada extraoficialmente.
Se espera que en las próximas horas se confirmen esos datos para poder avanzar. "Esperamos que se presente. De la misma manera, si hay otras víctimas, que presten declaración. Hasta ahora no se han recibido más denuncias", dijo Garay.
Mientras tanto, hay otro frente que todos quieren evitar: la reacción de los agentes penitenciarios en general, grupo que quedó en la mira luego de la difusión de los videos. Por eso desde el Gobierno remarcan que "se trata de un hecho aislado". El propio gobernador Celso Jaque redundó en esa tesis. El problema es que entre los dos videos más comprometedores hay varios meses de distancia y hasta autoridades penitenciarias distintas.