Al menos 2,3 millones de hectáreas de Argentina están en manos foráneas, según datos parciales del Ministerio de Justicia consultados por la agencia internacional de noticias Efe, cinco días antes de que venza el plazo dado por la reciente Ley de Tierras para que los extranjeros declaren los terrenos rurales de su propiedad.
La superficie declarada al Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) equivale a 113 veces Buenos Aires, pero la Federación Agraria Argentina (FAA) estima que el total es muy superior y que puede rozar los 20 millones de hectáreas.
El censo oficial está encabezado hasta el momento por las provincias norteñas de La Rioja y Salta, con 407.323 y 334.834
hectáreas en poder foráneo, precisaron ayer portavoces oficiales. Según los registros oficiales, los propietarios estadounidenses cuentan con 461.353 hectáreas, mientras que los italianos han declarado formalmente 455.322 hectáreas.
Más lejos
El impulsor de la ley, el diputado de la opositora Unión Cívica Radical Pablo Orsolini, reconoció que la norma tendría que haber ido más lejos y que ‘la ley debería frenar los desalojos o realojarlos‘. Uno de los casos más controvertidos fue el de la empresa fabricante estadounidense de helicópteros Poquiteros, que adquirió 117.000 hectáreas en la provincia norteña de Catamarca con 300 familias dentro y causó una fuerte movilización en la población local.
La Ley de Tierras establece que el porcentaje de territorio argentino en manos foráneas no debe superar el 15 por ciento del territorio nacional y ninguna nacionalidad puede copar más del 30 por ciento total. Además, el texto aprobado prohíbe que los extranjeros compren más de mil hectáreas por región, aunque al no prever retroactividad, no vulnera derechos ya adquiridos, como las más de 150.000 hectáreas que el magnate estadounidense Douglas Tompkins posee en los Esteros del Iberá (ubicados al noroeste del país).
El presidente de la Comisión de Uso y Tenencia de la tierra de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, se mostró confiado en que ‘la situación cambie‘ a partir del 1 de septiembre próximo, vencido ya el plazo para declarar, pero hay voces que lo dudan. “Cualquier empresa puede usar un testaferro y ponerlo como propietario nacional”, advierte Carlos A. Vicente, responsable para América Latina de la ONG Grain.