Javier Milei tuvo que resignar varios de los artículos fundamentales de su proyecto de Ley Ómnibus para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista y buscar la media sanción de la Cámara de Diputados a la espera de que el Senado complete el trámite legislativo antes del 15 de febrero, cuando se cerrará el período extraordinario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de anunciar la eliminación del capítulo fiscal y dio de baja a cuestiones clave del plan económico. En el proyecto original, Milei eliminaba la fórmula de movilidad vigente y planteaba aumentos por decreto. Ante la resistencia de la oposición, el Ejecutivo había aceptado fijar una fórmula ajustada por inflación, pero que comenzaría a aplicar a partir de abril. Nunca se llegó a un acuerdo porque desde los dialoguistas advertían que se afectaban los ingresos de los jubilados.
También se dio de baja el tema retenciones: el Gobierno quería llevar a todas las economías regionales e industrias a pagar un 15%. Además elevaba de 31% a 33 % los subproductos de la soja, como la harina y el aceite. Los gobernadores advertían que la medida iba afectar a las economías de sus provincias.
Tampoco pudo avanzar con el blanqueo de capitales. En la propuesta se permitía regularizar hasta U$S 100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos.
Y quedó afuera la reforma de Ganancias, que se establecía para sueldos brutos desde $1.250.000 en caso de solteros sin hijos.
Uno de los temas más discutidos es el plan de privatizaciones de la ley. El Gobierno tuvo que retroceder en su nómina de 40 empresas al sacar a YPF y establecer que no se privaticen al 100% sino que se puedan volver mixtas otras empresas, como Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación.
El Gobierno también tuvo que dar de baja el título "Consolidación de la deuda del sector público nacional", vinculado con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad que el Gobierno quería trasladar al Tesoro para la cancelación total de las deudas intra sector público.
Milei tampoco pudo avanzar con una amplia reforma electoral que incluía la eliminación de las PASO (elecciones primarias) y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados.
Otro de los artículos que fue dado de baja es el 331 que exigía pedir autorización para una manifestación y definía que se trataba de la "congregación intencional y temporal de tres o más personas".
* Miles de denuncias por extorsiones
El Ministerio de Capital Humano presentó ayer "más de 1.800 denuncias por extorsiones y amenazas" que acusan a "referentes de agrupaciones" que "obligaban" a asistir a diferentes personas a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 24 de enero en protesta contra la Ley "Bases" y el DNU 70/2023. "El documento, presentado ante el juzgado federal 8, contiene 1.806 denuncias de personas que manifestaron estar expuestas a extorsiones y maltratos por parte de los referentes de las agrupaciones a las que pertenecen, quienes los obligaron a asistir a las marchas y movilizaciones", indicó el Ministerio. La cartera remarcó que las denuncias fueron recibidas en la línea 134 y que "entre los principales reclamos se encontraban beneficiarios de Potenciar Trabajo".