El juez federal Julián Ercolini dio por "acreditado", para los requerimientos de un proceso penal y no de un juicio, que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los otros hoy por él procesados "habrían formado parte de una asociación (…) destinada a cometer delitos".
De acuerdo con el magistrado, la asociación ilícita "habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015" y estaba destinada no sólo a cometer delitos sino también "para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".
Los argumentos del juez toman como punto de partida la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en base a la denuncia formulada el 26 de abril pasado por las actuales autoridades de Vialidad Nacional pero remite también a la acusación original que ocho años atrás había formulado un grupo de diputados de la Coalición Cívica liderados por Elisa Carrió.
Según Ercolini, todas las personas a las que él procesó hoy por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada "habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que en función de las atribuciones otorgadas por la Constitución Nacional, leyes y decretos, respectivamente, se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez".