Fue la madrugada del primero de agosto de 2018 cuando, en un operativo simultáneo digno de una película, una veintena de poderosos empresarios fueron arrestados en sus casas. No hubo concesiones para las imágenes: a los principales responsables de grandes compañías se los vio salir confundidos y esposados. La orden de detención tenía la firma del juez Claudio Bonadio. Al mismo tiempo, varios ex funcionarios kirchneristas corrían la misma suerte. Fue la primera puerta que se abrió en lo que la Justicia describió como “la principal organización criminal” de las últimas décadas. La causa conocida como los cuadernos de las coimas explotó hace un año y los números a la fecha delinean el laberíntico camino que transitó el expediente donde Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de esa asociación ilícita, y antes de fin de año sería elevada a juicio oral.
Todo comenzó con ocho cuadernos escritos a mano por Oscar Centeno, ex chofer del asesor y mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta. Las puntillosas anotaciones de Centeno, quien durante doce años consignó minuto a minuto sus viajes para recolectar sobornos, se expandieron en la justicia hasta niveles impensados para los investigadores: la causa tiene 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados se puede hacer otro desglose: hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros. No es todo: entre aquellos 172 procesados hay 31 “arrepentidos”.
Pero pese a la cantidad de procesados, quedan pocos detenidos en la causa: solo 7. El único empresario preso es Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, que nunca se arrepintió y consiguió el beneficio de la domiciliaria. También siguen detenidos por este expediente Julio De Vido, Roberto Baratta, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Oscar Thomas (ex directivo de Yacyretá), aunque este último con domiciliaria.
Más números: se cautelaron más de 20.000 millones de pesos, se inhibieron más de medio centenar de cuentas bancarias y se secuestraron obras de arte carísimas. Aquel big bang que enmudeció a la Argentina hace un año también dio inicio a otras seis causas judiciales desprendidas del expediente principal.
La causa principal -que en el juzgado federal 11 a cargo de Bonadio estiman será elevada a juicio oral en plena campaña electoral- avanzó rápida y profundamente gracias a una herramienta clave: la ley del "imputado colaborador", más conocida como "ley del arrepentido". Este instituto legal aprobado por el Congreso en 2017 sólo había sido utilizado en dos causas por corrupción de repercusión mediática, la "ruta del dinero K" -con el testimonio de Leonardo Fariña- y el caso Ciccone, con la confesión del testaferro de Amado Boudou Alejandro Vanderbroele.
El primer arrepentido que la causa de los cuadernos tuvo hace exactamente un año fue el chofer Oscar Centeno, quien en la audiencia corroboró que los cuadernos habían sido escritos por él y ratificó su contenido. En sus páginas contaba encuentros en los que Baratta retiraba de distintos lugares de la ciudad bolsos, mochilas, valijas y bolsas con dinero que era cobrado a empresarios del área energética, de la obra pública y del sistema de transporte en concepto de coimas.
El ex chofer además admitió que ya no tenía los originales de sus escritos -que habían llegado a la justicia a través del periodista de La Nación Diego Cabot, quien los había tenido en su poder desde el verano de 2018 a través de un amigo de Centeno que los tenía bajo custodia- sino que por temor los había quemado en una parrilla. Tras la declaración de Centeno admitiendo la autoría de esos escritos cuya copia digital tenían el juzgado y la fiscalía de Carlos Stornelli, para la Justicia esta discusión está zanjada.
Desde que los cuadernos llegaron a manos de Bonadio, en marzo del año pasado, la causa avanzó hasta plasmarse en más de cien cuerpos rebosantes de pruebas, declaraciones y documentación. El recorrido del expediente, a estas alturas, sostiene que en los años de gobierno kirchnerista funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que fueron comandados por Néstor y Cristina Kirchner".
En ese período, según escribió Bonadio, existió un "pacto ilícito" entre funcionarios y empresarios, que hizo "funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad , que dejaba a los más humildes del pueblo sin cloacas, sin agua corriente)".
En la argumentación de los procesamientos a los acusados, el juez dijo que para ganar obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios, los empresarios involucrados "entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".
Esta acusación se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos. Así, se abrieron causas por la Importación de gas licuado, las coimas para la concesión de corredores viales, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos, y para los trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner Daniel Muñoz.
Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la ex mandataria está procesada como jefa de la asociación ilícita, y con un pedido de prisión preventiva que no se concreta por sus fueros como senadora.
¿Cuánto dinero se movió en estas operaciones? Los números fueron variando. En un comienzo se señaló que por la casa de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta, pasaron 70 millones de dólares, la misma cantidad de dinero que se calcula lavó Daniel Muñoz en el exterior. Otro cálculo estima que, si se consideran las cifras anotadas por Centeno, la maniobra supera los 100 millones de dólares.
Pero la justicia estima que el número que puede reflejar el perjuicio generado al Estado ronda los 20.000 millones de pesos, pues equivale a los embargos trabados en todos los expedientes vinculados con cuadernos. El juzgado y la fiscalía dejaron de perseguir una cifra definitiva. “La cartelización de la obra pública existe en la Argentina desde los años 60, pero esta causa demostró que el kirchnerismo la estatizaron: institucionalizaron la corrupción, crearon un sistema aceitado que funcionaba desde el mismo gobierno”, describió a Clarín una alta fuente de la investigación.
Para llegar a esta conclusión, la causa contó con testimonios claves. La ley del arrepentido permitió que el fiscal Stornelli ─quien a su vez está imputado como partícipe de supuestas maniobras de espionaje ilegal por el juez federal de Dolores─ realice diversos acuerdos de colaboración. Entre ellos, quienes llevan la causa en Comodoro Py destacan al "cuarteto”. Dos empresarios y dos funcionarios arrepentidos que permitieron desentrañar cómo operaba el mecanismo.
Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara de la Construcción, fue el primero en revelar la existencia de una estructura de negociados que bajó desde Planificación Federal, estableciendo porcentajes de coimas en función de los contratos otorgados. Junto a esta confesión, se evaluó la de otro ex titular de la Cámara, Juan Chediak, “que confirmó la estatización del sistema de cartelización”.
Otro testimonio clave fue el de José López, el primer ex funcionario de peso que aceptó acogerse a la figura del imputado colaborador, que contó cómo le cobraban a los empresarios los sobornos y cuál el rol de la ex Presidenta, a quien señaló como “conocedora de los hechos”. “¿Vas a hacer parte del problema o de la solución?”, le preguntó Cristina Kirchner en la quinta de Olivos después del fallecimiento de Néstor Kirchner. En su confesión, el ex secretario de Obras Públicos dijo que en su mano la senadora tenía un cuaderno donde se detallaba -de puño y letra del ex Presidente-, porcentajes de coimas, empresas, montos y obras.
El ex funcionario y allegado a Julio De Vido Claudio Uberti fue otro de los arrepentidos importantes que integra el "cuarteto". Contó de las órdenes que recibía del ex ministro para arreglar con empresarios, a quienes se les otorgaba la concesión de peajes, y las indicaciones que descendían por parte de Néstor Kirchner. Pero además agregó información sobre los movimientos de bolsos con dinero que realizó Daniel Muñoz, contó dónde se guardaba ese dinero en Río Gallegos y los viajes a Santa Cruz en la flota presidencial.
Del entorno de los Kirchner pero sin ocupar un cargo en la función pública, la lista de 31 imputados colaboradores también contó con la palabra de Víctor Manzanares, ex contador de la senadora que declaró sobre movimientos de dinero del ex matrimonio presidencial, sus negociados en el rubro hotelero y cómo Muñoz guardaba dinero en el sur.
Por fuera de este círculo, pero que corroboró lo que contó Wagner, se ponderó entre los más importantes el testimonio del financista Ernesto Clarens. Sus aportes “explicaron la pata financiera de partes de las operaciones y, sobre todo, lo vinculado a las maniobras de Muñoz en el exterior.
Todos estos dichos se cosecharon a la luz de la ley 27.304, que suma adhesiones y rechazos. Transcurrido un año de parte de los testimonios, se cumple el plazo para la corroboración de los dichos, y en caso de no haber sido ciertos recaerá sobre quienes hayan mentido el delito de falso testimonio agravado.
Además de conmoción y escándalo, el caso cuadernos también provocó varias objeciones. El juzgado de Bonadio está acusado por algunas defensas de haberse quedado con el expediente a través de una maniobra de “forum shopping”, es decir sin un sorteo, de forma “fraudulenta y manipulada”. Por eso, Cristina Kirchner y otros acusados insisten en que Bonadio y Stornelli no son imparciales. En respuesta, desde el entorno del magistrado replican que su juzgado rechazó acumular otras causas que tienen como protagonistas a funcionarios de la anterior gestión, pese a que algunos colegas de Comodoro Py consideraron que debían terminar vinculadas al expediente cuadernos.
Otra queja recurrente de algunas defensas, en especial la de Cristina, es que la causa se basó en unas "fotocopias". En tribunales responden que “lo que se corroboró es la existencia de una estructura delictiva institucionalizada”, y que la falta de los cuadernos originales “no desdibuja el delito investigado”.
Las defensas de los ex funcionarios afirman que no hay sustento documental para sostener las acusaciones. La respuesta de los investigadores es que en la causa hubo muchos documentos respaldatorios: “cruces telefónicos, certificados de obras que coincidían con movimientos bancarios, listados de empresas y montos que abonaban, corroboración de los lugares donde se hacían los intercambios de dinero”.
A pocas semanas de finalizar la instrucción, la fiscalía y el juzgado defienden su trabajo y no dudan de su solidez ante la próxima instancia, el juicio oral.En esto sí coinciden muchos: no se verá la foto de los 300 acusados en un juicio oral y público. Algunos empresarios la evitarán. Sus abogados no descartan negociar un juicio abreviado para evitar la foto de directores, CEOS, y principales accionistas del establishment sentados ante un Tribunal en una causa por corrupción.
Y no es cualquier causa. Por su dimensión, complejidad y gravedad de los hechos investigados, los responsables de la causa la califican como el mayor expediente de corrupción de los últimos 20 años.
En este año de vértigo, hubo momentos de iluminación y de sombras. “El peor momento fue el 1 de agosto del año pasado, cuando se dio a conocer la investigación. Ese día no se sabía en qué se convertiría la causa”, confiesa una alta fuente del caso, que utiliza una metáfora peculiar: para él, hasta ese día se veía en una habitación completamente oscura con telas colgando, y la incertidumbre de no saber qué hallarían detrás de cada una de ellas.
Cualquier osadía de su imaginación quedó corta frente a las revelaciones que se acumularon durante este año. Y que ahora esperan una sentencia.
FUENTE: CLARÍN