La Cámara de Diputados inició esta mañana la sesión para el tratamiento del  proyecto de Presupuesto 2019 y otras leyes económicas. Con la presencia de 129 legisladores se obtuvo el quórum y se prevé que el debate dure unas 15 horas.

 

Aquí los principales números del proyecto:

1 – Variables macroeconómicas. Para elaborar el Presupuesto 2019, el Ministerio de Hacienda contempló un dólar a USD 40,10, un crecimiento económico (PBI) negativo de -0,5% y una inflación promedio anual (IPC) de 34,8%.

 

2 – Gastos. El gasto primario del Presupuesto 2019 insumirá $3.431.746 millones para atender las necesidades del Estado Nacional. De ese total, la administración gubernamental se lleva el 4,9%, los servicios de Defensa y Seguridad, el 5,5%; los servicios sociales, el 77%; los servicios económicos, el 12,5% y los servicios de la deuda pública, el 0,2%.

 

La asignación para las prestaciones previsionales (ANSES) es de $1.437.859 millones e incluye la liquidación de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares Mientras que otros $243.178 millones están contemplados para el pago de las asignaciones familiares a trabajadores en relación de dependencia, a monotributistas y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros.

 

3 – Recursos. Los ingresos calculados son de $3.309.773,7 millones para los ingresos corrientes (impuestos, aportes y contribuciones, rentas de la propiedad cobradas por el Estado y venta de bienes y servicios). Son la mayor parte del sustento del Presupuesto Nacional.

 

Por el lado del los impuestos, los mayores ingresos vendrán por el lado del 
IVA, con $656.104 millones, seguidos por los derechos de exportación e importación.

 

En tanto, los recursos de capital se estimaron en $114.702,5 millones. Aquí se incluye venta de maquinarias, edificios e instalaciones, recuperación de préstamos concedidos y transferencias recibidas.

 

4 – Resultados. El Presupuesto 2019 contempla un déficit primario de $7.269,7 millones (no se consideran los intereses de la deuda pública en el cálculo) y un déficit financiero (resultado primario más intereses de la deuda netos de operaciones entre organismos de la Administración Nacional) de $600.285,7 millones (3,3% del PBI, 2,3% por debajo con respecto a 2018).

 

Las metas fiscales, en tanto, prevén un déficit fiscal primario de 2,7% del PBI en 2018 y de ahí en adelante una reducción del déficit primario que alcance el equilibrio fiscal (0% del PBI en 2019), hasta llegar a un superávit fiscal de 1,0% del PBI en 2020.

 

Para encaminar la aprobación del Presupuesto 2019, el Gobierno accedió a a reclamos de sectores de la oposición y aceptó cambios en materia previsional, en un artículo ligado a la reestructuración de deuda, en la compensación a municipios y elevar las partidas a Cultura y el Conicet.

 

5 – Incorporación de un "fondo compensador" a municipios. Fue uno de los cambios que se sumaron para compensar la quita de subsidios al transporte urbano de pasajeros. Son $6.500 millones adicionales para amortiguar parcialmente el traspaso de la política de subsidios a las jurisdicciones locales, tras la quita de recursos por $43.000 millones.

 

6 – Partidas extra. Se destinaron refuerzos presupuestarios para el Conicet ($500 millones), INTA ($500 millones), Secretaría de Cultura ($500 millones), Sedronar ($100 millones), y Plan de Lucha contra la Violencia de Género ($30 millones adicionales).

 

7 – Retenciones. Reducción del 33 al 30% del tope de derechos de exportación a la soja; se mantiene el 12% para el resto de los productos. El plazo se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2020.

 

8 – Plus patagónico. Se aceptó eliminar del proyecto el recorte en el plus que cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares en la Patagonia por zona desfavorable. El plus es del 20% en jubilaciones y pensiones, y un 10% en asignaciones.

 

9 – Ganancias. Se mantienen las exenciones especiales que los empleados públicos del Poder Ejecutivo podían realizar por distintos ítems en varias provincias. Los artículos 86 y 87, ahora borrados, anulaban las deducciones que podían hacer los empleados públicos en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional y desarraigo.