El ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López negó ayer las acusaciones en su contra en la causa por el programa ‘Sueños Compartidos‘ por supuestamente haber omitido controles que habrían derivado en el desvío de 206 millones de pesos de las arcas públicas y atribuyó las responsabilidades de fiscalización a las provincias, las comunas y su ex número dos, Abel Fatala.
El exfuncionario, detenido por enriquecimiento ilícito, aseguró que como estaba estructurado el sistema eran las provincias o los municipios los encargados de contratar y controlar el avance de las construcciones, y endilgó ‘el seguimiento principal de la obra‘ al ‘subsecretario de Obras Públicas‘. Además, López aseguró que cuando estalló el escándalo tras el alejamiento de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, en mayo de 2011, él ordenó hacer auditorías donde se detectó que ‘el avance financiero y físico de las obras se condecía‘ con el dinero entregado.
De esta manera, López se defendió de las imputaciones en la causa ‘Sueños Compartidos‘, en donde el lunes próximo deberá declarar el ex ministro de Planificación y hoy diputado Julio De Vido. Sin embargo, la expectativa está puesta en lo que sucederá hoy: para las 10 de la mañana está citada Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, quien ya faltó a una primera audiencia y podría ser llevada por la fuerza pública (ver nota vinculada).
La Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió 748.719.414,64 pesos para llevar adelante la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios, pero se habrían desviado 206.438.454,05 pesos.
Fuentes del caso contaron que desde que está preso López bajó quince kilos, pero lo notaron ‘muy colaborador y entero‘, muy distinto a como lo habían visto en las primeras horas después de su arresto.
Durante casi dos horas, López explicó cómo era el sistema de contrataciones y derivó el control de las obras en sus subsecretarios, Abel Fatala (de Obras Públicas) y el fallecido Luis Bontempo (de Desarrollo Urbano y Vivienda).
Según explicó, ‘el responsable jurisdiccional, provincial o municipal aprobaba el certificado de avance de obra, el cual una vez aprobado por la jurisdicción era enviado al organismo nacional. Además, detalló que los certificados de obra ‘eran emitidos por la jurisdicción en su carácter de comitente de la obra, aprobados por ellos, y solamente era requerido el financiamiento que era el compromiso del Estado Nacional‘.
Según señaló, ‘una vez que los fondos nacionales se enviaban a la jurisdicción, éstos pasaban a ser provinciales o municipales según correspondiera; y cuando la jurisdicción abonaba bajo su responsabilidad el certificado o la empresa contratada, ese fondo pasaba a ser privado‘.
López precisó que ‘el seguimiento principal de la obra lo asume el subsecretario de Obras Públicas, quien desarrollaba el seguimiento, control y aprobación de los certificados‘. Esa dependencia estaba a cargo de Abel Fatala, quien este martes fue a declarar por el caso, presentó un escrito y negó las irregularidades que se le imputan.
El exfuncionario López también dijo que tras el alejamiento de los Schoklender él ordenó auditorías y las conclusiones revelaron que ‘el nivel de terminación de las obras era el adecuado y previsto en el convenio’.