Después de 24 horas de incertidumbre por el alcance de la medida anticipada por el presidente Alberto Fernández la noche del domingo, el Gobierno precisó ayer a quiénes comprende las licencias de Trabajo extraordinarias por 14 días -hasta el 31 de marzo- para enfrentar el avance del coronavirus.
Según confirmó ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, están licenciados para presentarse a trabajar a partir de hoy martes las personas mayores de 60 años, las embarazadas y los empleados con afecciones de salud crónicas como las respiratorias, pulmonares, cardíacas y las personas inmunodeficientes como los diabéticos. La medida comprende tanto a trabajadores estatales como los que se desempeñan en el ámbito privado.
Además, Moroni incluyó dentro de este beneficio a los padres, madres o tutores que trabajen en el Estado nacional que deban cuidar a sus hijos que no asistan a clases y puedan justificar que no tienen con quién dejarlos. Este caso, aunque los dos padres trabajen en el sector público, la licencia será para solo uno. El ministro también aclaró que la medida no alcanza a los trabajadores de la salud considerados indispensables para realizar su tarea. Tampoco a las fuerzas de Seguridad y a los del área de Defensa.
La Casa Rosada quiere fijar una pauta para la administración pública que luego se extienda, con excepciones, a todo el sector privado.
"Se los dispensa de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60 años, la situación puede cambiar si es personal esencial y se requiere su presencia para que la empresa siga adelante", aclaró el funcionario, al tiempo que remarcó: "Las embarazadas y los afectados por enfermedades crónicas nunca pueden ser trabajadores esenciales".
Moroni dijo que en estos casos "no se afectará el derecho a la remuneración" y le pidió a los empleadores privados que adopten medidas para reducir la presencia de trabajadores a los esenciales para que los lugares funcionen y que los restantes puedan trabajar a distancia. En el mismo sentido, el jefe de la cartera Laboral instó a las provincias y municipios a que los empleados estatales utilicen la modalidad de trabajo a domicilio, como medida para evitar la propagación del coronavirus, a excepción de aquellos "servicios que las autoridades consideren esenciales".
Según la resolución a la que accedió este medio, se consideran "trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional" a aquellos con enfermedades crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos y personas con insuficiencia renal crónica.
En esa línea, el ministro solicitó que esos trabajadores dispensados de ir a trabajar "puedan realizar el trabajo a distancia". Luego, explicó que "el universo de trabajadores comprendidos en estas medidas es el mismo para el sector privado que para el público". Y, finalmente , remarcó que el objetivo del gobierno nacional es "disminuir la presencia de trabajadores" en aquellas empresas que puedan funcionar trabajando a la distancia.
"Recomiéndase a los empleadores y empleadoras que dispongan las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores y trabajadores en el establecimiento a aquellos indispensables para el adecuado funcionamiento de la empresa o establecimiento, adoptando a tal fin las medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia", subraya el texto.
El Gobierno busca disminuir el uso del transporte público y lograr una descongestión de las oficinas estatales. Una medida que tendrá alto impacto en el ámbito del área metropolitana donde está concentrado el principal foco de contagio del Covid-19.
> Cuarentena general en Tierra del Fuego
El Gobierno de Tierra del Fuego estableció ayer por decreto el estado de cuarentena para frenar la pandemia de coronavirus, que suspende hasta el 31 de marzo toda actividad pública y privada, industrial, comercial, recreativa y deportiva, y que prohíbe a los habitantes salir de sus viviendas salvo para comprar alimentos y medicamentos, o para otros fines excepcionales.
El primer artículo del protocolo prohíbe salir de sus domicilios a "niños, niñas, adolescente y grupos de riesgo", y estipula que cada familia deberá designar un adulto responsable "para realizar la compra de productos alimenticios, medicinas y de primera necesidad". Además, el art. de la misma disposición establece que únicamente podrán circular por la vía pública las personas que vayan a adquirir "alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad", o que acudan a "centros sanitarios, con las restricciones que informará el Ministerio de Salud de la provincia". También podrán desplazarse por las calles quienes vayan a trabajar, "siempre que la tarea no pueda ser realizada en el domicilio", o acudan a asistir a menores, adultos mayores, personas con discapacidad o vulnerables al virus.
Otra excepción será para quienes concurran a "entidades financieras por causas de fuerza mayor o necesidad", o se dirijan "a puertos, aeropuertos y otros centros de transporte, y asistencia esenciales".
El resto de la población que sea sorprendido en la calle sin justificación enfrentará una causa penal, según las disposiciones "de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación".