Desde este viernes tendrá estado parlamentario un proyecto de ley que, con viento a favor, todos llamarán “ley Nicolás”. Buscará dar un marco normativo a la llamada "seguridad del paciente", un capítulo difícil y poco difundido de la salud pública, aunque abarca una problemática realmente cotidiana: los daños y perjuicios que sufren los pacientes por las fallas estructurales en la atención sanitaria.
O sea, todo. Desde el sopor en la sala de espera antes de ver a un médico ofuscado que no te escucha por la agotadora secuencia de turnos cada 15 minutos, hasta tener una complicación quirúrgica que se podría haber evitado con mejor infraestructura hospitalaria. O sufrir las consecuencias de un diagnóstico erróneo.
O morir, como le pasó a Nicolás Deanna, de Villa Gesell, hace casi cinco años. Tenía 24. Confundieron meningitis bacteriana con alergia. Su madre, Gabriela Covelli, abogada, fue la primera impulsora de esta ley. La ley Nicolás.
Parte de estas líneas están inspiradas en la charla con ella y en su lucha (Change.org/LeyNicolas). En que, “si se siguen persiguiendo médicos, no se va reconocer nunca el problema de fondo que tiene el sistema”. Y que "es central transmitir un mensaje constructivo".
Seguridad del paciente y mala praxis
Entre el drama de los damnificados y la urgencia noticiosa, el concepto de “seguridad del paciente” suele reducirse a una de sus causas: la mala praxis profesional. Precisamente lo que terminó con la vida de Nicolás.
Pero, el proyecto de ley que ingresará este viernes al Congreso de manos del diputado radical Fabio Quetglas, pretende superar esa mirada, algo acotada.
Se estima que el daño al paciente por eventos adversos es una de las 10 principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.
Además, que el 10% de los pacientes sufre algún algún tipo de daño o perjuicio cuando apela al sistema de salud. La mitad de estos eventos adversos sería evitable.