El reparto de planes sociales que manejan las organizaciones sociales sin la supervisión del Estado, que dio lugar a fuertes cuestionamientos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, alumbró una gran estafa con beneficiarios, que a priori, no reúnen las condiciones para cobrarlos.
Un informe reservado, reveló que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan por incompatibilidades para percibir el plan. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.
El dato surgió de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tras un informe solicitado el 30 de junio por el entonces ministro, Juan Zabaleta.
Frente a este escándalo, el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Victoria Tolosa Paz, aseguró ayer que va a identificar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que hayan adquirido dólares o que tengan un contexto impositivo incompatible con el programa, para suspenderlos "inmediatamente". Además, seguirá profundizando el entrecruzamiento de datos.
Esto, surgió mientras el Gobierno anunciaba una fuerte revisión de los planes sociales, para controlar mejor los gastos del Estado. El pedido de informes se contestó el 24 de octubre, y ahora el Ministerio espera poder identificar a todos los ciudadanos incluidos en este cuestionado universo de beneficiarios irregulares.
En concreto, de los 1,3 millones de inscriptos, 253.184 -el 18,30%- hicieron declaraciones juradas de Bienes Personales, mientras que 35.398 -2,56%-, habrían adquirido dólares en los últimos seis meses. Así, todos ellos podría ser expulsados a la brevedad.