La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley por unanimidad, con 219 votos, la creación de centros de protección a las víctimas de delitos, las que además podrán presenciar las declaraciones de testigos y serán notificadas de los beneficios que reciban los imputados o condenados por sus casos.
Así, el régimen de Protección a las Víctimas de Delitos otorga derechos y garantías para la asistencia y participación en el proceso penal, con lo que da una ‘tutela efectiva‘ a su condición.
El jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, marcó al cabo de la sesión especial en la que se aceptaron los cambios que en revisión hizo el Senado, que ‘con esta sanción venimos a reforzar el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa‘ y el derecho de la víctima a participar en el proceso judicial, además de priorizar ‘el principio de no revictimización‘. En tanto, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR- Cambiemos) destacó que duró poco más que dos horas, que los derechos que se le otorgan a la víctima ‘no son taxativos sino meramente enunciativos‘, ya que ‘se considera todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional como sumatoria de los mismos‘.
La iniciativa original fue impulsada el año pasado por el Frente Renovador-UNA como respuesta a episodios de violencia como los sufridos por Carolina Píparo quien, embarazada, fue baleada en una salidera bancaria en la ciudad de La Plata, y María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros fallecidos en la tragedia ferroviaria de Once.
Sergio Massa abogó para que a partir de la sanción de la norma ‘el Estado se haga presente para proteger y ayudar a la víctima, para que no sea dos veces víctimas, del delincuente y de un Estado ausente‘.
Una de las novedades del programa es que se las habilita para ser querellante y se les otorga el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, pedir la revisión de las actuaciones y a recibir asesoramiento legal durante todo el proceso.
Por otra parte, la autoridad interviniente queda obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante la causa como las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los delincuentes condenados y a los acusados. También obliga a que se les reciba la denuncia en forma ‘inmediata‘ y se incorpora la presunción de peligro para la víctima para su seguridad o de sus familiares. A su vez, la ley dispone la creación de centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas y da protección especial a personas discapacitadas, menores de edad, mayores de 70 años y también a las que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el agresor. Dentro de las modificaciones que hizo al proyecto el Senado se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado por cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, y el establecimiento de una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.
Guerra preelectoral
El proyecto fue votado en una sesión especial solicitada por Cambiemos el viernes último, que apuntó a neutralizar otro pedido del massismo para hoy, donde incluía este proyecto en beneficio a las víctimas y otras propuestas contrarias al Gobierno nacional como la emergencia alimentaria.