Por la falta de licencia social que desató una pueblada, la Legislatura de Mendoza derogó ayer la Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para darle vía libre a la minería a cielo abierto.
La norma, que había sido impulsada por el gobernador radical Rodolfo Suárez, ni bien asumió su mandato, desató una convulsión social en la provincia, y para que el clima de tensión no pase a mayores, el mismo mandatario provincial, después que la norma fuera promulgada en el Boletín Oficial el pasado 24 de diciembre, el último viernes decidió dar marcha atrás, y anunció que la iba a derogar.
El proyecto de derogación ingresó ayer en la cámara alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos afirmativos, y dos en contra.
Los dos votos en contra son de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe, el departamento del sur provincial que es netamente minero.
La legisladora peronista, en su alocución en el recinto, afirmó: "Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo", afirmó. En tanto, la senadora oficialista, cargó contra el resto del recinto que apoyó la derogación, y citando un pasaje bíblico, sentenció: "Si a Jesús lo crucificaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él: ‘Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen’".
Al tener media sanción por parte de la cámara alta, la norma fue girada a la Cámara de Diputados, para que sea tratada sobre tablas, y tras un debate "exprés", dio sanción definitiva a la derogación de la "ley minera", y volver a "fojas cero", por lo tanto vuelve a regir la Ley 7.722, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, y publicada en el Boletín Oficial para que tenga plena vigencia.
La derogación a la Ley 9.209 se votó por amplia mayoría en el recinto, pero contó con tres votos negativos de legisladores del interbloque oficialista Cambia Mendoza, los diputados Guillermo Mosso (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO), y hubo un diputado ausente.
El senador justicialista Bartolomé Robles, que en su momento había votado en contra de las modificaciones a la Ley 7.722, en diálogo con Télam, aseguró: "Creo que en estos días la dirigencia política mendocina aprendió una gran lección. El pueblo nos está diciendo: ‘escuchen más y hablen menos’. Festejo la participación del pueblo de Mendoza y de la defensa de los derechos ambientales’.
En tanto, Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, le dijo a Télam: "El daño que se le ha hecho a la provincia de Mendoza es inconmensurable, es absolutamente inédito que la vigencia de una ley haya durado cuatro o cinco días. No hay antecedentes en la República Argentina", dijo."¿Cuál es el mensaje que se le envía a los inversores extranjeros? Si había algún resabio de seguridad jurídica en Argentina, esa seguridad jurídica no existe, porque esto no solamente daña al industria minera y a la matriz productiva de Mendoza, ya que cualquier inversor ve que acá puede pasar cualquier cosa en aras de la ‘paz social’ y del ‘reclamo popular soberano’", lanzó.