El equipo económico trabaja a toda marcha para confeccionar una batería de medidas tendientes a bajar la inflación a través del recorte de subsidios a la energía, el transporte y los combustibles, como así también un acuerdo de precios y salarios con empresarios y sindicalistas.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, busca que todas las resoluciones se presenten al mismo tiempo a la presidenta Cristina Fernández en la segunda quincena de diciembre, para que ella decida cuando comenzar a aplicarlas. No se descarta que esas resoluciones contengan un pago extraordinario a jubilados y pensionados y a los beneficiarios de los planes asistenciales y la Asignación Universal por Hijo.

Tras ese conjunto de medidas pasarían por negociar con los empresarios un acuerdo de precios que mantengan su vigencia en el mediano plazo y que en ese lapso, el Palacio de Hacienda pueda revisar la estructura de costos para poder autorizar aumentos posteriores. En el caso de la negociación con los sindicatos, la intención es buscar un pacto que permita acompañar la inflación una vez que se tenga cerrado el acuerdo de precios con el sector empresario.

En materia financiera y cambiaria, el Gobierno apuntará a acelerar la devaluación del peso y tratará de contener la evolución del contado con liquidación, mediante la venta de títulos dolarizados y de esa manera converger sobre un tipo de cambio de equilibrio. Al mismo tiempo, el BCRA instruiría a las entidades financieras a mejorar las tasas que se pagan por depósitos en moneda extranjera, de manera de incentivar las colocaciones de residentes en el país, en el sistema financiero doméstico.

Con los aumentos de los combustibles, la intención del Ministerio de Economía es que los carburantes reflejen los precios internacionales de manera de generar incentivos para que las empresas petroleras exploten nuevos yacimientos. En el Palacio de Hacienda se considera que este es el punto más crítico porque ello derivará en una revisión de todo el esquema tarifario en el transporte. La intención es que se disminuyan los subsidios que el Tesoro paga a las empresas de transporte y que ello sea solventado por los usuarios de las distintas modalidades mediante una tarifa que refleje de manera más directa el costo del servicio.

La disminución de los subsidios no sólo abarcaría al transporte colectivo de pasajeros, sino también al transporte ferroviario y al aerocomercial. De la misma manera se procedería con el recorte de subsidios sobre las tarifas de gas y electricidad que poseen sectores de altos ingresos y que quedaron al margen del primer ajuste producido a fines de 2011. Se cuidaría de dejar al margen de un aumento tarifario a los jubilados y beneficiarios de planes asistenciales. Si bien todo el paquete está en elaboración, se estima que sólo con el ahorro en importaciones de gas y gasoil, se podrían contar con unos 2.000 millones de dólares adicionales, mientras que por transferencias del Tesoro a las empresas se podrían evitar giros por otros 1.000 millones de dólares anuales.