Las protestas de gendarmes que reclamaron mejoras salariales al Gobierno desató una interna inesperada en el seno del obispado castrense, con acusaciones cruzadas y el pase a disponibilidad de un capellán que celebró misa a los insurrectos.
El administrador diocesano, Pedro Candia, no tomó la decisión solo sino que necesitó de la venia de un consejo de capellanes generales de las Fuerzas Armadas y de seguridad para confirmar el relevo del responsable espiritual de Gendarmería en Campo de Mayo, Gerónimo Fernández Rizzo. En ese cónclave, en el que hubo gritos y reproches, debieron intervenir abogados eclesiásticos y hasta se puso en duda la actual escala de mandos que tiene la curia militar. También se evaluó la posibilidad de replicar los dichos de Fernández Rizzo, quien acusó a la plana mayor de ese obispado de “preferir la comunidad del cargo, los asistentes y los sueldos” antes que prestar asistencia espiritual a esa “porción del pueblo de Dios que lleva uniforme de Gendarmería”, cuestionó. “No tuve la receptividad que esperaba tener de mi superior (NdeR: por Candia). Le afloró la soberbia del poder eclesiástico”, aseveró.
La salida de Fernández Rizzo derivó en un sinnúmero de especulaciones dentro de la Iglesia, en particular porque no quedó claro por qué lo expulsaron de la fuerza. El decreto eclesiástico 100/12, con anuencia de la dirección de Gendarmería, sólo aduce que el capellán no tenía “jurisdicción”‘ en el edificio Centinela para celebrar misa a los uniformados. Algunas fuentes opinaron que el virtual obispo castrense pudo haber recibido “presiones” del ministerio de Defensa para echar de inmediato al “cura rebelde”. Otros voceros estimaron que Candia quiso “hacer bien los deberes” para evitar la disolución del Obispado Castrense, una idea que ronda desde 2005. Los menos, en cambio, estimaron que Fernández Rizzo “ya no está en sus cabales” y era necesario removerlo.
También dijeron que pesó en la decisión el hecho de que el nombre del sacerdote fue citado por familiares de una mujer detenida-desaparecida durante uno de los juicios por la verdad que se sustanció en Bahía Blanca.
Según consta en actas judiciales, los padres de Elsa Alicia Nocent dijeron que Fernández Rizzo les advirtió, cuando todavía no era capellán, que no debían usar “los derechos humanos como un instrumento político, ya que la subversión continúa asesinando a mansalva para imponer la dictadura comunista”.
En tanto, el Gobierno sigue intentando una adecuación del servicio religioso en las unidades militares desde 2005, cuando Néstor Kirchner echó al obispo castrense, Antonio Baseotto, por sugerir mediante una cita bíblica que había que arrojar al mar con una piedra a quienes promovieran el aborto. Expresión que fue interpretada como una apología de los “vuelos de la muerte”.
Desde entonces las autoridades políticas trabajan en el “reordenamiento” de la atención espiritual en los cuarteles al advertir que con el actual encuadre se “crea una segmentación ficticia entre militares y civiles, que impide la integración de la sociedad civil”. Por esto, el Ministerio de Defensa propuso eliminar la figura del capellán con rango militar, mientras por la vía diplomática se busca quitar la cláusula vigente que obliga al Gobierno a refrendar la designación de obispos.