En sus manos aún tiene 600.000 pesos y 434.000 dólares. Karina Moyano sostiene que ese dinero no debe ser devuelto a la justicia, pese a que contra ella hay una intimación judicial tras un fallo de la Cámara de La Plata. La explicación de la hija del sindicalista Hugo Moyano fue que esos fondos le fueron donados por "un hermano y el abogado". Sin documentación que lo respalde, la justicia la investiga por presunto lavado y evasión impositiva.
La situación sobre el dinero que aún conserva Karina Moyano derivó además en una denuncia contra el juez Federico Villena ante el Consejo de la Magistratura. Al caso "le sobran escándalos" aseguran fuentes judiciales.
En primer término, el dinero exigido por la justicia continúa bajo el poder de la hija del líder sindical de Camioneros. Los 600.000 pesos y 434.000 dólares fueron secuestrados a comienzos de año en el marco de una causa por narcolavado. Sin embargo, ella no es parte del expediente. Las hermanas que hace dos años están bajo investigación en la causa son hijas de una ex pareja de Karina Moyano, un vínculo que concluyó hace siete años.
Pero sucedió que cuando el fiscal Diego Iglesias de la PROCUNAR solicitó el allanamiento de catorce domicilios, en la vivienda de Moyano se encontró el dinero cuyo origen no fue aclarado.
Hasta la fecha, explicaron fuentes judiciales "no pudo acreditar que el origen de esos fondos sea lícito y hasta tanto eso no ocurra, deben permanecer secuestrado".
En un escrito presentado ante la justicia, Karina Moyano explicó que la plata -más de medio millón de dólares- había sido producto de una donación de uno de sus hermanos, sin especificar cuál de ellos, y del abogado que tenía en aquel momento, Daniel Llermanos, histórico representante legal de Hugo Moyano y pareja de la titular de la TV Pública, Rosario Lufrano.
La fiscalía solicitó que esa información sea respaldada con la correspondiente documentación, como las declaraciones ante la AFIP, por ejemplo, para corroborar que dichos fondos se encuentren blanqueados.
Como eso no ocurrió aún, se intimó a Karina Moyano a que reintegre el dinero y lo ponga a disposición del juzgado. Fuera del expediente sobre narcolavado, la hija del líder de Camioneros es investigada hoy por presunto blanqueo de fondos y evasión.
Esta semana, la Cámara Federal de La Plata, confirmó la decisión del juez Juan Pablo Auge quien anuló la decisión de su par, Federico Villena que en plena feria judicial y subrogando su juzgado, había sobreseído a Moyano reintegrándole el dinero bajo investigación.
En su fallo, la Cámara criticó el proceder de Villena, recordando que la causa se encontraba delegada en el Ministerio Público Fiscal, "lo que implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.
Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: "Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.
Por otro lado, analizó el magistrado, "lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.
Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación. Dio así, la razón al fiscal Iglesia y a su par Cecilia Incardona, quienes denunciaron que lo actuado no tenía validez en tanto nunca los participaron, siendo que tenían ellos la pesquis a cargo.
Juez denunciado
Estas irregularidades en el proceder de Villena, derivaron en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por los fiscales intervinientes en la investigación.
La denuncia sostiene que Villena "habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas" en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional "y le imprimió el veloz trámite de tres días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia", fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que luego el mismo juez no respetó, marcan ambos fiscales en escrito.
Por otro lado, denunciaron que se "dictó la resolución de sobreseimiento de una persona -Karina Moyano- sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso".
Los Moyano y otras causas por lavado
Hugo Moyano es investigado por lavado de dinero, por la compra de terrenos lindantes al hotel del Sindicato en La Falda (Córdoba), que derivó en una causa por lavado de activos que inició la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (PROCELAC).
El juez Alejandro Sánchez Freytes lleva adelante el expediente y en el mismo los números son muy diversos respecto a la operación inmobiliaria. Los terrenos mencionados tenían una base de 964.553 pesos. Por ello la PROCELAC planteó que en la operación comercial se podría estar pergeñando alguna maniobra de blanqueo a través del sindicato.
Los terrenos habrían sido comprados el 11 de octubre del 2013 por la empresa Kiano SA a Jorge Cappucchio, por un monto de 309.255 pesos. Dichos inmuebles terminaron en manos del sindicato de Camioneros, que terminó pagando seis millones de pesos, casi 20 veces su valor original.
El juez federal de Morón, Néstor Barral, también investiga a la familia Moyano por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, a raíz de una denuncia anónima donde se consignó la compra de dos propiedades de lujo en Parque Leloir. La operación se habría hecho a través de dos empresas ligadas al jefe de Camioneros.
Se levantó en la causa el secreto bancario de Hugo Moyano, su mujer Liliana Zulet, su hijo Pablo Moyano y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet. Con esta medida, el magistrado busca determinar si el dinero utilizado para comprar las casas provino de la sobrefacturación de las empresas ligadas al dirigente camionero.
La justicia en lo Penal Económico también investiga a Hugo y a Pablo Moyano por lavado de dinero. La causa fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que puso bajo la lupa la relación comercial entre un grupo de empresas que giran alrededor del líder sindical y su hijo con la empresa de correo OCA. La Justicia calculó un fraude de unos 4.000 millones de pesos.
En el expediente aparecen cruces de operaciones millonarias entre Patricio Farcuh, que en los papeles era presidente de OCA, y el gremio. Intercambiaron unos 100 millones de pesos entre 2014 y 2016, según se desprendió de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que elaboró el ex titular del organismo durante la gestión Cambiemos Mariano Federici.