Una sensación ambivalente primaba en ambientes eclesiásticos tras conocerse que el kirchnerismo accedió a modificar puntos que la Iglesia objetó del proyecto original para reformar el Código Civil, entre ellos los referidos al alquiler de vientres, la manipulación de embriones y la fecundación post mortem. En este contexto, los obispos valoraron que el Gobierno haya decidido aplazar hasta 2014 la aprobación definitiva de la iniciativa, tras el apuro de querer sacarla ‘cueste lo que cueste‘ antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre y sin debate de las 180 modificaciones introducidas.
Logros ‘parciales‘ que los referentes episcopales atribuyeron a una estrategia ‘silenciosa‘ a través de conversaciones reservadas con las autoridades nacionales e intercambio de opiniones con legisladores ‘influyentes‘ entre sus pares.
Tras el duro documento de abril de 2012, el Episcopado decidió no ir al choque y orientar la táctica a ‘convencer‘ a los referentes del kirchnerismo sobre las consecuencias ‘tremendas‘ para el entramado legal argentino que subyacían en el proyecto que originalmente redactó un grupo de jueces y juristas. La llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano provocó un giro de 180 grados en la percepción de quien fue considerado hasta marzo por el kirchnerismo como ‘el líder de la oposición‘ y también incidió en el trazo final del proyecto para reformar el Código Civil. Fuentes eclesiásticas y gubernamentales confirmaron que la idea de ir hacia un Código ‘más moderado‘ comenzó a fraguarse en marzo en Roma, después de la reunión que Cristina Fernández mantuvo con monseñor José María Arancedo en medio de las ceremonias por el inicio del ministerio petrino del papa Francisco. Los encuentros entre la mandataria y el presidente del Episcopado se repitieron, sin prensa de por medio, al menos otras dos veces. El objetivo era ‘destrabar‘ la redacción del proyecto y el hombre para hacerlo fue el diputado Julián Domínguez. A través de una gestión del secretario de Culto, Guillermo Oliveri, el diputado le comunicó a los obispos que se excluyó de la iniciativa el alquiler de vientres o maternidad subrogada y la fecundación post morten, y se agregó el ‘deber moral de la fidelidad‘ al artículo 431 sobre ‘derechos y obligaciones de los cónyuges‘.
Pero el mayor ‘éxito‘ para la Iglesia en el dictamen que impuso el Frente para la Victoria, reconocieron obispos consultados, fue la decisión de quitar del artículo 19 la línea que establecía que los embriones fertilizados por técnicas de reproducción artificial serán considerados persona desde la implantación en el útero.
El proyecto define ahora que la persona comienza con la concepción y excluye del nuevo Código cuestiones específicas de la fertilización asistida, para tratarlas en una ley específica, como ocurrió con la responsabilidad civil del Estado. Estas ‘concesiones‘ del Gobierno a la Iglesia desataron fuertes críticas de la oposición y también una interna en la propia tropa kirchnerista. Para los obispos, el punto del inicio de la vida es ‘clave‘ y no sólo en esta instancia sino en un eventual debate por el aborto, que desde varios sectores intentarán promulgar el año próximo. ‘Su tratamiento será imparable en 2014‘, anticipó la diputada kirchnerista Diana Conti, quien promueve un proyecto para que la interrupción del embarazo no sea punible hasta el tercer mes de gestación.