Dos por uno. Así se podría sintetizar la embestida que busca plasmar el Gobierno nacional en el Congreso contra la Corte Suprema de Justicia. Es que incluyó -para ser tratado en sesiones extraordinarias- el promocionado proyecto de ley de juicio político con el que Frente de Todos intenta dejar fuera de juego a los cuatro integrantes del Máximo Tribunal de Justicia, pero además le sumó la primera iniciativa del Presidente y de los gobernadores del PJ contra el Poder Judicial: el plan de ampliar la Corte. También va al Congreso entre los 27 proyectos enviado para ser tratados en extraordinarias entre el 23 de enero y el 28 de febrero, la reforma del Consejo de la Magistratura para volver elevar la cantidad de miembros a 20. Este punto, fue ordenado por la Corte Suprema en el fallo que derogó la reforma que llevó a cabo Cristina Fernández de Kirchner que redujo a 13 la cantidad de miembros. Además, el Presidente incluyó una relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
Todas estas novedades fueron anunciadas ayer en conferencia de prensa por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien confirmó la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, que regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos, para tratar 27 proyectos de ley, entre los que también figuran iniciativas relacionadas con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional, una nueva moratoria que impulsa Alberto Fernández.
De esta manera, el Presidente pretende darle celeridad al trámite de juicio político que alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
"Nosotros esperamos que la oposición no sea lo suficientemente irresponsable, como lo ha venido siendo durante este tiempo (…) para recapacitar y sentarse en el lugar del diálogo democrático que es el Congreso de la Nación", dijo Cerruti en la conferencia de prensa. Fue en relación a la decisión de la oposición parlamentaria de Juntos por el Cambio (JxC) de no tratar las iniciativas (proyectos de ley) que el gobierno pretende que sean analizadas en el período de sesiones extraordinarias, si no se excluía del temario el pedido de juicio político a los miembros de la Corte.
El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937. La otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires.
Fernández basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados "ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones".
El Presidente contó con el apoyo de 11 gobernadores del PJ para avanzar con este pedido de juicio político.
Rumbo cantado
La titular de la Comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, Carolina Gaillard, sostuvo ayer que ya realizaron una reunión para “analizar la vinculación” del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti con el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
- El eje de los proyectos enviados
En el temario se incluye el tratamiento del proyecto que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura. Eje de uno de los principales focos de conflicto con la Corte, en el escrito se consigna que tras el fallo del máximo tribunal que en 2021 ordenó regresar a la conformación de 20 miembros del órgano que selecciona y controla a los jueces. En el decreto, el Gobierno alerta que ‘dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible’.
El punto 24 del anexo es el que contiene, de manera genérica, las ‘solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’, pese a que se trata del principal motivo por el que la Casa Rosada decidió convocar a extraordinarias. No solo eso: también es el principal argumento por el que la oposición de Juntos por el Cambio decidió no abocarse a tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista con enjuiciar a la Corte, con lo que vuelve letra muerta el resto del temario.
En el punto 10 se dispuso el proyecto para ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal. Según el texto de la convocatoria, se busca la modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58 ‘con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’. El siguiente punto del temario es el que incluye la modificación del Consejo de la Magistratura.
Desde el Palacio de Hacienda se incluyó el "nuevo blanqueo de capitales", conocido formalmente como "Proyecto de Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino". Así como también el proyecto por el cual se crea el "Plan de Pago de Deuda Previsional" que permitirá a más de 800.000 personas que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos entrar en una moratoria y pagarlos en cuotas.