En medio de la fuerte presión del Gobierno nacional contra la Justicia y en especial contra el jefe del Máximo tribunal del país, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, salió ayer con los tapones de punta a contestar las acusaciones del oficialismo y afirmó que: "Son completamente infundadas" las acusaciones en su contra, sostuvo que nunca incumplió "deber funcional alguno" y se consideró "blanco de una persistente campaña de desprestigio".
Rosenkrantz se pronunció así en una carta que envió a algunos medios de comunicación, luego de que se conociera un pedido de juicio político en su contra formulado por la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley, en el marco de la embestida kirchnerista contra jueces, cortistas y contra el Tribunal Federal de Comodoro Py al que quieren licuarle su poder con la reforma judicial.
Para impulsar el juicio político a Rosenkranzt, la legisladora K apoyó su planteo en la actuación del jefe de la Corte en la causa de la "Noche del Apagón" del Ingenio Ledesma y en los "compromisos políticos y económicos" del magistrado "con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar".
"Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza", escribió el presidente de la Corte en la nota.
En ese texto, cuestionó la veracidad de imputaciones realizadas por el Juzgado Federal 4 en cuanto a que él posee "71 cuentas en el exterior", a su nombre, "para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales".
"Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo "Muiña" (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del 2×1) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Daniel Rafecas", detalló.
"Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución", agregó.
Entre otras objeciones, Rosenkrantz señala que Siley lo acusa de haber frustrado "gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado con sus sentencias".
"Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de "Muiña", que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces", advirtió en su carta Rosenkrantz.
"Contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el 2×1 (tanto en "Muiña" como en "Batalla") encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos", se explayó. También, Rosenkrantz aludió a la causa Blaquier, un expediente que -dijo- "está en trámite", que tuvo en estudio sólo "en 2 oportunidades" y para el cual además consideró "completamente absurda" la hipótesis de que pesaran en su actuación como juez los vínculos laborales de su esposa con un sobrino del acusado.
El no de Weretilneck
El senador por Juntos Somos Río Negro y exgobernador, Alberto Weretilneck, aliado del Gobierno en el Congreso, anticipó ayer que se opondrá al proyecto del Frente de Todos para juzgar y destituir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, en sintonía con su par de diputados del mismo espacio Luis Di Giacomo.