La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió, este martes, a la Cámara Federal de Casación que confirme la decisión de cerrar por inexistencia de delito, con sobreseimientos y sin juicio oral, la llamada causa “Hotesur-Los Sauces”.
En “breves notas” presentadas por escrito ante la sala I del máximo tribunal penal del país, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron que se rechace el recurso de apelación de la fiscalía y que se ratifique la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a todos los imputados, según el texto de 62 carillas que presentaron.
Los letrados pidieron que “se confirme la resolución recurrida, en cuanto dispuso el sobreseimiento de nuestros representados, por inexistencia de delito”.
El escrito se presentó antes del inicio de la segunda y última audiencia, en la cual los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa escucharán a las partes que pidieron exponer de manera oral, antes de tomar una decisión.
Los abogados se presentaron por la defensa de la ex presidenta, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, de Romina Mercado y de Patricio Pereyra Arandía.
La defensa sostuvo que deben confirmarse los sobreseimientos en base a nueva prueba incorporada a la causa.
“Concretamente, nos referimos a la ampliación del estudio pericial que se llevó a cabo en el marco de la causa ‘Los Sauces’, en el cual los expertos intervinientes afirmaron en forma unánime y categórica que todos los pagos realizados por Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC en favor de Los Sauces S.A.-sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias”, remarcaron.
Esta “prueba nueva también permitió constatar que los hechos” no satisfacen ” las exigencias típicas requeridas por el tipo penal previsto en el art. 303 del Código Penal”, el lavado de activos.
“Si se tiene en cuenta que todo el dinero aplicado a los contratos de locación investigados siempre se movió dentro del circuito financiero e institucional, que dichos fondos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y, además, que se tributaron todos los impuestos pertinentes, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos”, concluyeron los defensores.