El presidente Alberto Fernández recibirá hoy el documento de unas 800 páginas en donde el grupo de once juristas que él eligió en julio pasado le recomiendan cómo debe reestructurar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Por ahora, no habrá actos ni recibimientos a los especialistas que, ad honorem, trabajaron durante 90 días en este proyecto. Es que el jefe de Estado está aislado por haber sido contacto estrecho de un funcionario con COVID-19 positivo.
En medio del debate por el impuesto a riqueza y el anuncio del Presidente para enviar el proyecto del aborto al Congreso, los juristas que eligió Alberto Fernández terminaron su informe final: allí sugieren una serie de reformas concretas para la Corte Suprema, con la creación de un tribunal previo a la máxima instancia del Poder Judicial; para el Consejo de la Magistratura, con un cambio en su estructura en donde haya 16 miembros sin tanta presencia política; y para el Ministerio Público, en donde por una mínima diferencia -que revela Infobae- se promoverá elegir al Procurador por la mitad más uno de los senadores.
Pero entre esas sugerencia también plantean que quede eliminada la Oficina Anticorrupción, al menos tal como hoy se la conoce, según pudo saber Infobae. Es que Alberto Fernández les había pedido a los miembros del consejo asesor, entre otras cuestiones, que respondieran sobre la conveniencia de incorporar a la OA a la estructura del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo a las fuentes consultadas, los expertos decidieron avalar esa propuesta. Entendieron que la función de la OA podía ser integrada a la labor de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Una suerte de volver a las fuentes. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas existía desde antes de que se creara la OA -bajo la órbita del Ejecutivo- en los últimos tiempos del gobierno de Carlos Menem.
Según resaltaron las fuentes, la recomendación es que la “Oficina Anticorrupción debería permanecer en la esfera del Poder Ejecutivo ejerciendo exclusivamente competencias no penales y debería titularizar la obligación funcional de remitir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal el caso que considere susceptible de ser enmarcado en una eventual denuncia o querella penal”. También se planteó que se debería establecer un mecanismo de designación de la persona a cargo de la Oficina Anticorrupción mediante “un acto complejo con intervención del Congreso”.
Uno de los motores de esa idea del cambio de rol -que ya la pone en práctica- es el propio titular de la OA actual, Félix Crous. Crous fue uno de los expositores convocados por la comisión en las primeras semanas de trabajo y les dijo que como la OA se creó por decreto podía disolverse de la misma manera. También dijo que la estructura actual podía pasar a cumplir funciones dentro del Ministerio Publico.
No es un tema menor teniendo en cuenta la preponderancia que cobró ese organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, con Laura Alonso a la cabeza, promoviendo querellas. Muchas de esas causas apuntaron contra la ex presidenta Cristina Kirchner. La OA actual, en tanto, decidió retirarse de su rol de querellante de las causas contra la vicepresidenta, como lo hizo con los casos Los Sauces y Hotesur.
En cambio, los juristas convocados por Alberto Fernández entendieron que la Unidad de Información Financiera (UIF) debía mantenerse con autonomía para funcionar. La UIF de los años de Macri también llevó adelante varias de las denuncias contra la gestión k. Sin embargo, son roles y jerarquías distintas los que tiene la OA.
Más allá de estas sugerencias, cuando se analicen las propuestas sobre el Ministerio Publico, todas las miradas estarán concentradas en lo que el consejo diga sobre el nombramiento del Procurador General. Un tema sensible para el Gobierno y la oposición, porque cada uno vive su propia interna con la postulación de Daniel Rafecas, el juez elegido por el presidente para ser jefe de los fiscales.