Buenos Aires, 25 de agosto.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se manifestó hoy ‘consternada‘ por la posición de la presidenta de la Argentina, Cristina Kirchner de enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar de “interés público” la producción, distribución y comercialización de papel para diarios, a lo que calificó de “medida inconstitucional” por la que se pretende “el control de los medios”.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre señaló que “lo que nos sorprende es que el Gobierno haya llegado a estas instancias, haciendo expresa su intención de controlar a los medios de comunicación, a través de la regulación del papel‘.
También agregó en un Comunicado que “es peligroso que se maneje el concepto de ‘interés público’ porque ello puede inducir a que pueda haber leyes para expropiar y/o regularizar la actividad”. En el discurso por cadena nacional, a través del cual la Presidenta decidió denunciar ante la Justicia a los diarios La Nación y Clarín por la compra de Papel Prensa, Cristina Kirchner anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para ‘declarar de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diarios, su distribución y comercialización‘.
La Presidenta, señaló, además, que se buscará generar ‘un Marco Regulatorio… con tratamiento igualitario para todos los diarios de la República Argentina en precio, condiciones y cantidad‘.
Como tercer punto, Cristina Kirchner añadió que propiciará, como socio minoritario de Papel Prensa, la inversión del Estado ‘para que no deba importarse papel para la prensa en la República Argentina y que todo sea producción nacional‘.
Al respecto, el titular de la SIP, Alejandro Aguirre dijo que “más allá de la polémica nacional, lo que nos sorprende es que el gobierno haya llegado a estas instancias haciendo expresa su intención de controlar a los medios de comunicación, a través de la regulación de la fabricación y distribución del papel periódico, un insumo básico de la industria periodística que en Argentina no es escaso ni presenta un problema de abastecimiento y que no tiene por qué tener regulaciones especiales”.
El Comunicado de la SIP aludió a expresiones del abogado constitucionalista Gregorio Badeni y, en esa línea, Aguirre afirmó que “es absurdo que el gobierno vaya en contra de la propia Constitución, en cuyo artículo 32 se establece expresamente que “el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”, lo que implica que no puede haber leyes especiales que regulen a la prensa.
Aguirre, sub director del Diario Las Américas, agregó que “es peligroso que se maneje el concepto de ‘interés público’ porque ello puede inducir a que pueda haber leyes para expropiar y/o regularizar la actividad” lo que denota una posibilidad precisa de avance sobre los medios y de control a la libertad de prensa a través del insumo.
La Presidenta también propició una Comisión Bicameral de observación en las reuniones de Directorio de la empresa para evitar “manejos oscurantistas y prácticas comerciales desleales”.
El Comunicado de la SIP recordó que la Institución ‘siempre fue caja de resonancia en sus asambleas sobre las disputas entre periodistas, representantes y propietarios de medios sobre Papel Prensa, así como miembros de ADEPA y de ADIRA (instituciones de diarios argentinos) pero en temas relacionados con el precio del papel, los aranceles de importación y la connivencia entre empresas privadas con el Estado.
“Tuvimos asambleas con días enteros de discusión al respecto, sin embargo, jamás nadie puso en duda la legitimidad de la compra y propiedad de esa fábrica”, agregó Aguirre.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard subrayó que la “sensibilidad de este tema de papel Prensa ya se manifestó en nuestra asamblea de Aruba en marzo pasado”. Agregó que en esa oportunidad la SIP, a través de una Resolución, denunció “la escalada gubernamental contra la empresa Papel Prensa” y pidió a las máximas instancias del gobierno “velar por el mantenimiento de la política de libre comercialización del papel que desde hace largos años rige en la Argentina, teniendo en cuenta que dicho insumo, vital en el proceso de producción de periódicos, nunca puede ser considerado como un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo”.
Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de San Antonio, Texas, recordó que en materia de libertad de prensa en la Argentina, la SIP ‘viene poniendo énfasis en problemas graves como las trabas en el acceso a la información oficial, la discriminación contra medios y periodistas, el uso de la publicidad oficial para castigar y premiar a los medios; la cooptación de medios privados a través de empresas afines al poder y el abuso y utilización sesgada de los medios públicos para promocionar el discurso oficial; hechos todos recogidos en resoluciones últimas que han sido giradas al gobierno argentino.