La Legislatura de La Rioja aprobó ayer el proyecto oficial que crea un Bono Cancelación de Deuda (Bocade) que llevará la denominación de ‘El Chacho’ en honor al caudillo Angel Vicente Peñaloza y que el gobernador peronista, Ricardo Quintela, justificó como una medida a la que se vio ‘obligada’ su administración ante ‘la crueldad del ajuste’ que aplica el Gobierno nacional.
La iniciativa fue aprobada por mayoría y tras un intenso debate durante la 16ta sesión extraordinaria de la Legislatura que prevé una emisión de 15 mil millones de pesos en Bocades.
El gobernador Quintela había explicado horas antes por radio Diez que decidió enviar ‘a la Legislatura el proyecto que apunta a la emisión de un bono de cancelación de deuda con el objetivo de cubrir una parte del salario de los trabajadores de la administración pública’.
Frente a esta medida, el presidente Javier Milei escribió en su red social X: ‘Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia’, dijo, pero advirtió que ‘a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional’.
‘La Provincia nunca le pidió a la Nación el respaldo de ningún bono’, dijo Quintela al responder a las declaraciones formuladas por el presidente. Además, el Gobierno riojano reiteró que demandará a la Nación ante la Corte Suprema por una deuda de 9.300 millones de pesos que mantiene la Nación desde hace varios años. Se trata de una deuda que comenzó durante la gestión kirchnerista y que la provincia nunca le reclamó a los gobiernos peronistas.
> Confirman tramite separado para el DNU
La Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo confirmó ayer la decisión del juez Enrique Lavié Pico de desarmar el proceso colectivo que hubiera reunido todas las causas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente de Javier Milei y promover que cada caso se tramite en su respectivo fuero y jurisdicción, informaron fuentes judiciales. Los jueces de la sala de feria del tribunal de apelaciones declararon inadmisible el recurso con el cual el Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, habría reclamado que todos los cuestionamientos judiciales contra cualquier capítulo del DNU se tramitaran en un solo amparo colectivo en el fuero contencioso administrativo.