La denuncia sobre la existencia de un pacto de impunidad del gobierno de Cristina Kirchner para encubrir a los iraníes de la responsabilidad del ataque a la AMIA, realizada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir, cobra nuevo impulso y vuelve a poner en la mira a la ex Presidente.
El juez federal Ariel Lijo requirió hoy a la Casa Rosada copias de los mails y mensajes que hayan enviado la ex jefa de Estado, y los ex secretarios Carlos Zannini y Oscar Parrilli, desde 2011 hasta 2015. La orden del juez abarcó también a la Cancillería y a la Procuración General del Tesoro, en busca de los mensajes de sus ex titulares, Héctor Timerman y Angelina Abbona.
Otro dato relevante es que Lijo además dispuso que se levante el secreto fiscal sobre las declaraciones juradas del supuesto espía Allan Bogado, quien es señalado como el supuesto nexo.
Lijo fue el juez a quien Nisman le presentó la denuncia contra Cristina Kirchner y otros funcionarios y allegados a su gobierno el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.
A principios de mayo, Pollicita solicitó al juez la realización de nuevas medidas de pruebas. Algunas de ellas eran las de poder revisar todas las llamadas entrantes y salientes de los imputados en la causa.
Respecto al análisis de los díscos rígidos de las computadoras y de los e-mails, en la Casa Rosada, se investigarán las conversaciones correspondientes al período entre el 1º de enero de 2011 y el 9 de diciembre de 2015. En Cancillería se estudiará desde el mismo año nuevo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015, mientras que en Procuración se analizará el tramo entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.
Nisman, que estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA hasta su muerte, había denunciado la existencia de "un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados" por la voladura de la mutual del barrio de Once.
La causa recorrió un largo derrotero hasta que, finalmente y después de la reapertura, recayó nuevamente en ese magistrado, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.