La resolución a la que accedió DyN fue adoptada por el tribunal que tiene en sus manos el juicio oral al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud Daniel Gollán junto a otra quincena de imputados por irregularidades en ese programa.
Allí se investiga la supuesta "administración fraudulenta" en la implementación del "Plan Qunita", destinado a proveer de un kit de insumos para sus bebés a madres carenciadas. Pero hubo quejas sobre la seguridad de algunos elementos que había en los kits y se planteó incinerarlos, lo que desató quejas críticas y presentaciones.Finalmente el juez federal Claudio Bonadio, que investigó el caso, decidió no quemar los kits.
En sintonía con esa medida, el TOF 1 dispuso que no se podrán entregar cunas y frazadas pero sí el resto de los contenidos del kit entregado inicialmente por la entonces presidenta Cristina Fernández, que contenía una cuna de madera con sistema de encastre, bolsillos de tela, colchón, un juego de sábanas -con un acolchado, un toallón y un saco de dormir-; indumentaria para el recién nacido (dos conjuntos enteros de manga larga, dos de manga corta, dos
pantalones, dos pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y un neceser) y para la mamá.
"La necesidad de redistribución tiene en miras impedir que muchos de los elementos que integran los kits, ante sus eventuales fechas de vencimiento o expiración, pierdan definitivamente todo tipo de utilidad" dijo el tribunal.
Y añadió: "A nuestro entender resulta de especial importancia considerar ese aspecto al tomar esta decisión, pues no hace más que reafirmar la necesidad de destinar esos elementos, con la urgencia que el caso amerita, a las instituciones o entidades que los precisen con mayor premura, evitando así que posibles y futuros vencimientos provoquen la pérdida de los productos que pudieran perecer".
Según los jueces, "en función de las conclusiones que surgen de los informes n° 27-2530, 27-2534 y 27-2537 elaborados por el INTI (uno de ellos glosado a fs. 1899/906 y otros dos reservados en Secretaría), este Tribunal, por el momento, se limita a mantener la excepción que se realizó respecto de la entrega de las cunas y los sacos de dormir que integran los kits".
A su criterio, más allá del dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación (ver fs. 162/6), "entendemos que, ratificando la decisión tomada por el Juez de Instrucción el 26 de agosto de 2016, corresponde disponer la redistribución de la mayoría de los elementos que integran el kit ‘Qunita’".
Así, el TOF notificó a Lemus que "en el plazo perentorio de 30 días deberá comenzar a distribuir todos los elementos de los 27.200 kits almacenados, con excepción de las cunas y de los sacos de dormir, destinándolos -de acuerdo a su naturaleza- a las instituciones o entidades que con mayor urgencia precisen salvaguardar el interés sanitario de las niñas y los niños del país". La resolución lleva la firma de los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michelini y Gabriel Vega.
El diputado del PJ-FpV de Río Negro Martín Doñate le había pedido también a Lemus que repartiera los 60.000 paquetes del Plan Qunita, luego de hacerle la misma solicitud a Bonadio. Doñate requirió que los kits fueran entregados a las familias de recién nacidos en su provincia.
Y la delegación local de UNICEF, el programa de Naciones Unidas para la infancia, solicitó también que se diera marcha atrás con la decisión de quemar los kits hasta que se realizara una "evaluación interdisciplinaria para rever los aspectos técnicos".