Un tribunal argentino ordenó ayer a un magistrado que cite a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para que preste declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero.
La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires pidió al juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación conocida como "ruta del dinero K", que convoque a la actual senadora nacional para que le "sean impuestos los cargos por los que se encuentra imputada por la fiscalía y las querellas".
De esta forma, a través de una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), dos de los camaristas aceptaron parcialmente el recurso de queja que había presentado la Unidad de
Información Financiera, algo que rechazó por "improcedente" el tercer integrante del tribunal, Leopoldo Bruglia, al considerar que es decisión del propio Casanello.
Por esta causa hay una veintena de personas procesadas, entre ellas, los financieros Leonardo Fariña y Federico Elaskar y el detenido empresario Lázaro Báez, uno de los principales adjudicatarios de obra pública durante las presidencias del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina en la provincia de Santa Cruz.
Todos ellos están acusados de lavado de activos al haber montado entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.
En la resolución de ayer, el juez Martín Irurz señaló que "la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios
delictivos de Fernández". "Ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre aquella. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común", agregó.
Con él coincidió el magistrado Mariano Llorens al apuntar que los hechos investigados suponen una "gravísima imputación que encerraría la captación de fondos públicos a través de licitaciones "armadas" para que Báez obtuviera fondos del Estado destinados a la obra pública en Santa Cruz. Por otro lado, señaló que existe la "imperiosa necesidad" de otorgarle a Fernández la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. La expresidenta está involucrada en otra causa por una presunta red de sobornos en torno a la obra pública durante su gobierno y el de Kirchner. Efe
En la causa por la "mafia de los contenedores", un secretario del gobernador de Formosa Gildo Insfrán fue detenido por orden judicial. El arresto ocurrió tras la confesión del empresario Mariano Martínez Rojas, que se encuentra en prisión acusado de lavado de dinero. Fuentes judiciales informaron que el funcionario Osvaldo Rolón, que trabaja bajo las órdenes del gobernador, fue detenido por la Policía Federal. Está implicado en una investigación por lavado a raíz de la compra de dólares durante el cepo cambiario que realizaba una organización que simulaba importaciones.