La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Liliana Heiland, suspendió ayer el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el que dispuso devolver a todas las provincias el 15 por ciento de los impuestos coparticipables.
La decisión de Cristina de anular una quita del 15 por ciento de impuestos coparticipables representaba para San Juan la posibilidad de recibir, según reza el presupuesto nacional del año entrante, unos 2.400 millones de pesos adicionales el año que viene. Ese descuento del 15 por ciento de fondos se decidió aplicar a las provincias para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Según fuentes judiciales, la magistrada Heiland hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República, y le ordenó al Gobierno que ‘suspenda la ejecución del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2635/15‘.
Ese decreto fue firmado el 1 de diciembre pasado por la presidenta para extender a todas las provincias de Argentina los alcances de un fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el 24 de noviembre pasado y en donde se hacía lugar al reclamo de Santa Fe, San Luis y Córdoba para la devolución de esos fondos que le retenía el Estado Nacional.
Precisamente, la Corte rechazó ayer hacer lugar a un reclamo del Gobierno de Formosa para obtener los beneficios de ese fallo de manera automática, al sostener que cada provincia tuvo diverso comportamiento frente a la prórroga unilateral que dispuso el Estado Nacional y había que analizar caso por caso. Al rechazar la medida cautelar de Formosa, la Corte señaló que sus fallos no se aplican de manera automática, sino que se debe analizar cada caso en particular.
No obstante, los deseos de Formosa parecieron concretarse a través del DNU que firmó la Presidenta cuando dispuso el fin del descuento del 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables a las provincias.
A través de ese decreto, Cristina obligaba a un desembolso millonario al Gobierno de Mauricio Macri en favor de los gobernadores. Pero Heiland suspendió los alcances del polémico decreto, al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República. Esos jubilados aseguraron que el decreto podría desfinanciar el sistema previsional y afectar ‘la movilidad jubilatoria, la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares‘. La jueza hizo lugar al señalar que ‘el DNU cuestionado no explica las únicas y excepcionales circunstancias que autorizan su especialísimo dictado‘.
También advirtió que el contenido del DNU ‘contrasta con lo prescripto‘ por los artículos 75 (atribuciones del Congreso), 99 (atribuciones del Ejecutivo) y 109 de la Constitución Nacional (‘en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas‘). DyN y Télam